Soberanía y autonomía

En la economía globalizada en que vivimos hay un límite al endeudamiento para todos los niveles de nuestra fórmula de gobierno: municipal, autonómico, estatal o europeo. El límite ha existido siempre, aunque solamente está siendo puesto por escrito recientemente. Ningún nivel de la fórmula de gobierno puede endeudarse más allá de su capacidad para devolver las deudas contraídas. Esta es una ley de hierro de la que nadie puede escapar. No ha podido en el pasado. No puede en el presente. Y no podrá en el futuro.

Obviamente la forma de expresión de la ley no es la misma para todos los niveles de la fórmula de gobierno. La ley se expresa con más intensidad cuanto más bajo es el nivel. El límite es más intenso para el municipio que para la comunidad autónoma, para esta que para el Estado y para este que para la Unión Europea. Pero el límite opera para todos. Incluso para la Unión Europea. Formalmente, mediante la creación de dinero por el Banco Central Europeo, podría pensarse que la Unión Europea carece de límites, pero materialmente no es así. La monetización de la deuda es la receta de la catástrofe. Ese temor es el que lleva a la canciller alemana a resistirse a la emisión de eurobonos o a la compra sin límite de deuda pública por el BCE

Los límites tienen que ser respetados en todos los niveles inferiores antes de que se pueda poner en práctica una respuesta europea.

En esa operación es en la que estamos ahora mismo a escala europea y en cada uno de los Estados que integran la Unión. La deuda pública de cada uno de los países está siendo evaluada por la Comisión y por el BCE, aunque dicha evaluación únicamente resulte visible para aquellos países que tienen problemas, porque existen dudas a cerca de su capacidad para devolver la deuda contraída, que es lo que le ocurre a España. Pero la evaluación se produce respecto de todos. Cada país tiene que mantenerse dentro del límite definido uniformemente para todos. Quienes han traspasado el límite tienen que volver a él. Tienen que ser ayudados a volver a él. Eso es lo que significa el plan de rescate, que es la alternativa a la expulsión. Hay que intentar preservar la Unión Europea, sin expulsar a ninguno de sus integrantes, pero todos deben de mantenerse dentro de un límite comúnmente fijado.

Esta operación que se está haciendo en la Unión Europea respecto de cada uno de los Estados miembros, tiene que hacerla cada Estado políticamente descentralizado respecto de los distintos niveles de su fórmula de Gobierno. Y en esas estamos en España. La Unión Europea está reduciendo de manera significativa la soberanía del Estado español para decidir su política económica, como reconoció de manera expresa el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados el pasado miércoles. Y España se apresta a reducir, también de manera significativa, la autonomía regional y municipal, ya que para la Unión Europea la distribución territorial del poder interno de cada Estado es irrelevante.

La limitación de la soberanía conlleva inexorablemente limitación de la autonomía. La pérdida de libertad del Estado conlleva pérdida de libertad de las unidades territoriales que lo integran. Ahora bien, el principio de lealtad federal exige que exista una correspondencia entra la pérdida de soberanía y la pérdida de autonomía. El coste de la operación de ajuste tiene que ser equitativamente distribuido entre el Estado y las comunidades autónomas. Ese es el núcleo del debate que tiene que producirse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ahí nos la jugamos todos, pues sin la contribución de las comunidades autónomas no podremos hacer frente al problema que amenaza con llevarnos al precipicio.