El Síndic pide más competencias para controlar los casos de corrupción

No fue la oposición. Lo hizo el propio Síndic Major de Comptes, Rafael Vicente Queralt. En un acto de apariencia protocolaria celebrado el miércoles en las Cortes Valencianas para presentar una plataforma de rendición de cuentas de las administraciones locales, aprovechó para plantear una ampliación de la capacidad fiscalizadora de la Sindicatura de Comptes ante los casos de corrupción. “Pese a que nuestros informes han venido recogiendo, de acuerdo con las normas de auditoría pública, los supuestos casos de corrupción que ya se hallan, en general, incorporados a los respectivos órganos jurisdiccionales”, apuntó Queralt. Vino a señalar, en lenguaje de auditor, que la Sindicatura ya detectó irregularidades donde después han surgido escándalos de corrupción que hoy están en los tribunales, y añadió: “¿Deberíamos ampliar las actuaciones a un más exhaustivo cumplimiento del denominado documento de Buenas prácticas antifraude aprobado por Eurorai en Valencia?”.

El documento en cuestión, surgido de una reunión de la European Organization of Regional Audit Institutions (Eurorai) celebrada en marzo en Valencia, plantea la revisión de la definición de fraude para que abarque también el ámbito civil y administrativo “en vez de exclusivamente penal”. Queralt lo tradujo en otra de la decena de preguntas que planteó en su intervención: “Cuando se está hablando de la modificación del Código Penal o de otras leyes para exigir posibles responsabilidades a los gestores por actuaciones deficientes, ¿no debería revisarse y actualizarse el concepto, el procedimiento y la naturaleza jurídica de la responsabilidad contable, así como la tramitación parlamentaria y los efectos de nuestros informes?”. El Síndic sugirió implícitamente que, antes de que se depuren responsabilidades penales, puedan establecerse otras que conduzcan, por ejemplo, a devolver lo defraudado.

Queralt: "¿No debería revisarse la naturaleza jurídica de la responsabilidad contable?"

Queralt puso énfasis en la inmediatez, que permite reducir plazos de los informes de fiscalización gracias a las nuevas tecnologías —“si no es inmediato, no es control”, señaló tras el acto a los periodistas—, propugnó una revisión más amplia de las “áreas de riesgo”, como la contratación o los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, y abogó por una ley general de fiscalización, que actualice las competencias de los órganos de control, agilice los procedimientos y también las figuras coercitivas, que “han quedado desfasadas”.

La presencia de Ramón Álvarez de Miranda, consejero del Tribunal de Cuentas y futuro presidente del organismo, añadió significado a la apelación de Queralt a la cooperación entre instituciones de control externo. “¿Estamos en condiciones de colaborar en la articulación de este nuevo escenario de control externo?”, se preguntó el Síndic Major de Comptes, y respondió que sí, pero añadió que ello exigirá más eficiencia, calidad y rigor en los informes de fiscalización.

Tras las manifestaciones de Queralt subyace la idea de dotar a la Sindicatura de Comptes de más capacidad, por ejemplo, para poder contrastar informaciones con terceros (hoy ha de limitarse a los datos de la propia Administración) y tener una más fluida relación con el Tribunal de Cuentas que, a diferencia de la Sindicatura, sí que tiene facultades sancionadoras.

“Es un salto de gran magnitud” en la rendición telemática de cuentas, dijo Álvarez de Miranda del Portal Ciudadano puesto en marcha por los órganos de control autonómicos y el Tribunal de Cuentas. Y lo calificó como “precursor de la futura Ley de Transparencia”.

El funcionamiento del portal, cuya dirección es www.rendiciondecuentas.es, fue explicado por el Síndic de Comptes Antonio Mira-Perceval, encargado de su desarrollo. El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, advirtió sobre el riesgo de que se interpreten “de forma diferente, en contra de los ayuntamientos o las instituciones”, los datos que ofrece.