Boi Ruiz impone a los hospitales del ICS recortes el doble de duros que al resto
Los ocho centros de la Generalitat perdieron un 12,5% de financiación en 2011
El primer año y medio de Gobierno de Artur Mas (CiU) en la Generalitat ha sido muy duro para el Instituto Catalán de la Salud (ICS). La mayor empresa pública catalana, que se enfrenta a un plan para ser desmembrada en una veintena de sociedades abiertas a todo tipo de acuerdos con el sector privado, se ha llevado también la peor parte a la hora de sufrir los recortes impuestos por el consejero Boi Ruiz a la sanidad pública.
El Departamento de Salud destinó el año pasado un total de 3.894 millones de euros a la atención hospitalaria de los ciudadanos, 360 menos (el 8,47%) que en 2010. La cifra, sin embargo, es una media que oculta un recorte del 12,54% sufrido por los ocho hospitales que gestiona directamente la Generalitat: Vall d’Hebron; Bellvitge; Trias i Pujol, de Badalona; Josep Trueta, de Girona; Joan XXIII, de Tarragona; Arnau de Vilanova, de Lleida; Verge de la Cinta, de Tortosa, y Viladecans. Mientras, el resto de los hospitales de la red pública (XHUP) —formada por centros llamados concertados, también financiados por Salud pero gestionados por consorcios públicos y entidades privadas— vieron caer sus ingresos apenas un 6,2%. Estas cifras han sido ofrecidas por el propio consejero Boi Ruiz a una pregunta del diputado de ICV Josep Vendrell en el Parlament.
ICV y CC OO acusan
“Hay una clara voluntad de reducir la actividad de los hospitales del ICS frente a los concertados y privados”, afirmó Vendrell. Todos los centros del ICS, salvo el de Viladecans, recibieron menos dinero de Salud en 2011. El recorte más abultado le correspondió al Vall d’Hebron —el mayor de la red pública—, superior al 16%. Para Carme Navarro, de Comisiones Obreras, las cifras no son ninguna sorpresa. “Esta claro que todo obedece a un plan para degradarlos y tener luego una excusa para privatizar servicios”, afirma.
Para Vendrell, en este contexto el departamento busca “debilitar” el ICS, algo que viene facilitado por la falta de transparencia en los criterios de contratación de servicios. “No se conocen los criterios que sigue el departamento para la compra de actividad”, afirma el diputado. Navarro está de acuerdo y cree que la falta de criterios claros favorece la discrecionalidad.
En el gris panorama de las restas hay llamativas excepciones, con hospitales que recibieron en 2011 más recursos que el año anterior. Entre este grupo de privilegiados destacan los de Mollet, el Sant Joan de Reus y el Moisès Broggi, que aumentaron sus ingresos por esta partida un 19%, un 14% y un 6,7%, respectivamente. Según Salud, esto se debe a que los tres centros abrieron en 2010 y hubo que finalizar ciertas inversiones. En este grupo, sin embargo, también hay grandes hospitales privados, como el General de Catalunya, que recibió 1,9 millones de euros más (un 12,6%).
Salud aumentó la financiación a un gran hospital privado en plenos recortes
La desigual repercusión de los recortes puede deberse a que es más fácil aplicar la tijera interna que ejecutar reducciones en centros cuya gestión es externa. Es lo que opina Josep Maria Sabaté, portavoz de Salud del PSC en el Parlament. También lo cree Francesc Duch, secretario general del sindicato Metges de Catalunya. “Los recortes se aplicaron de golpe, sin planificación y por directrices del Departamento de Economía”, dice Duch. “Es más fácil cerrar plantas enteras en centros tuyos que en los concertados”, añade.
Estos argumentos cuestionan la lógica seguida por el Departamento de Salud, según la cual son los hospitales privados y concertados los más eficientes y flexibles a la hora de adaptarse a eventuales cambios en su financiación. En este contexto, Salud impulsa el troceamiento del ICS en 22 empresas filiales que funcionarían como los consorcios o empresas públicas de otros hospitales concertados de la XHUP.
El dimisionario Josep Prat fue nombrado por Boi Ruiz presidente del ICS para impulsar este troceamiento, pero tuvo que dimitir por los escándalos surgidos por los pagos irregulares y la opacidad detectados en empresas y organismos públicos.
