Informáticos ratifican al fiscal que Justicia pagó trabajos no hechos

Tres licenciados en Informática, autores de un estudio técnico sobre las presuntas irregularidades en los expedientes del Departamento de Justicia durante el mandato del anterior Gobierno, ratificaron sus conclusiones el jueves ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro.

Los tres técnicos, empleados de la firma Versia, de Trapagaran, —que también trabaja para el Departamento de Justicia, junto a las firmas supuestamente implicadas, Ibermática e Indra— oficializaron ante Calparsoro las conclusiones de su trabajo: “No estaban implantados los servicios que se habían contratado por el Gobierno vasco y que se habían pagado”, indicaron en su declaración.

El estudio, auditoría o análisis —de las tres formas se le denominó durante su larga declaración— lo llevaron a cabo por encargo de la viceconsejera de Justicia y la directora de Justicia, María Victoria Cinto y Marta Higueras, respectivamente, en enero de este año. Los tres trabajaron con dedicación prácticamente exclusiva durante el plazo de menos de un mes que les dieron. El encargo residía básicamente en volver a analizar, desde el punto de vista de su especialidad como informáticos, si las conclusiones de otros dos informes —uno del servicio de informática del Gobierno, EJIE, y otro del propio departamento de Justicia— resultaban “correctas desde el punto de vista técnico”.

“No estaban implantados los servicios contratados y pagados”, sostienen

Para dar su opinión tuvieron acceso a toda la documentación, pliegos de bases técnicas, facturas, etc y concluyeron que “desde un punto de vista general se puede hablar de incumplimiento de los contratos por parte de las empresas”. Estas reconocieron por escrito que había trabajos cobrados sin realizar, según dijo el Gobierno en el momento de comunicar el envío de la información a la fiscalía en febrero pasado.

El Ejecutivo denunció entonces un posible fraude, superior a 20 millones de euros, en una serie de actuaciones prolongadas durante varios años, que implicarían a la ex directora del departamento que trabajó en la informatización de la administración de Justicia con tres consejeros distintos, Inmaculada de Miguel, y la funcionaria jefe del servicio competente, Ana Molina, así como a las empresas Ibermática e Indra.

La actuación en esa instancia, que asumió el propio fiscal jefe del TSJPV, a petición del fiscal de la Audiencia de Vitoria, Josu Izaguirre, está casi concluida, aunque el plazo no termina hasta agosto. Tras las declaraciones y con los informes añadidos que pidió a la unidad de delitos informáticos de la Ertzaintza, su pronunciamiento decidirá si traslada las actuaciones al juzgado o archiva el caso. Esta última eventualidad infligiría un duro varapalo político al Gobierno.