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La ley de transparencia afectará también a los consorcios de salud

Los escándalos sanitarios llevan a endurecer la legislación de acceso a la información pública

Todos los sueldos de directivos y cargos públicos deberán ser publicados

Los consorcios públicos que tanto abundan en Cataluña, especialmente en el sector sanitario, tendrán que subirse al carro de la transparencia administrativa a partir del año que viene. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que está elaborando el Parlament de Cataluña va tomando forma y la sucesión de escándalos que han afectado a la sanidad catalana los últimos meses parece que está dejando huella en el texto. La presión de los partidos de la izquierda ha hecho que el boceto de la ley vaya incorporando referencias a estos consorcios y entidades prestadoras de servicio que hasta ahora han quedado al margen no solo de las prácticas más elementales de transparencia, sino que también han dificultado la labor de entes fiscalizadores como la Sindicatura de Cuentas.

El objetivo de la ley de transparencia es que los ciudadanos tengan acceso a todo tipo de información sobre entidades públicas o sostenidas con fondos públicos. Los consorcios, las corporaciones de derecho público, así como el conjunto de la Administración local y de la Generalitat deberán hacer públicos los sueldos de los directivos y cargos, así como las eventuales indemnizaciones que reciban al dejar el cargo.

En los primeros bocetos de la ley de transparencia catalana, inspirada en la que impulsa Navarra, ya había referencias a los consorcios, pero en las últimas reuniones partidos como Iniciativa y Esquerra Republicana han insistido para que el texto incorpore más garantías de control sobre estos organismos. Al ser financiados con fondos públicos y prestar servicios que les han sido encargados por la Administración, sus criterios de transparencia deberán equipararse a los que se apliquen, por ejemplo, en el Instituto Catalán de la Salud.

De haberse incorporado antes los criterios de transparencia previstos en la ley se habrían evitado episodios como el hecho de que Josep Prat, el dimisionario presidente del ICS, pudiera ocultar a la opinión pública un sueldo de 280.000 euros anuales como presidente de la empresa pública Innova durante varios años.

Hasta ahora el acceso a las cuentas y presupuestos de las entidades públicas y de las fundaciones estaba garantizado a través de varios registros. Sin embargo, consorcios y corporaciones de derecho público como las que gestionan buena parte de los hospitales catalanes estaban en una suerte de limbo legal. Esto permite, por ejemplo, que no se conozca el sueldo de los gerentes de la mayor parte de centros de salud concertados de Cataluña pese a contar estos con financiación pública.

La proposición de ley de acceso a la información pública se encuentra aún en fase inicial y avanza lentamente debido a que no lo impulsa el Gobierno ni un partido concreto, sino una ponencia formada por todos los grupos. Fuentes de este grupo de trabajo advierten que, si bien todos los partidos han mostrado buena predisposición, sí se nota que Convergència i Unió tiene menos prisa para ver aprobada la ley. “Son ellos los que deberán aplicarla, y no siempre será fácil”, admiten fuentes de Iniciativa. Los nacionalistas, sin embargo, aseguran que su intención es hacer una ley rigurosa y que se pueda cumplir sin chocar con la legislación de protección de datos.

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