El Tribunal de Cuentas admite una demanda contra Cuesta, Arnal y Crespo

El Tribunal de Cuentas ha admitido la demanda por responsabilidad contable presentada por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos de Valencia (Emshi) contra Esteban Cuesta, Enrique Arnal y Enrique Crespo, máximos responsables de la extinta Emarsa, la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, a quienes se les reclama 27 millones de euros.

En un decreto fechado el pasado 14 de junio se admite a trámite la citada demanda contra el exgerente, el ex director financiero y el expresidente de la empresa, cuya gestión está siendo investigada también por la vía penal.

La demanda de "reintegro por alcance" presentada por la Emshi explica que, en su labor de liquidadora única de Emarsa, realizó actividades fiscalizadoras dirigidas a conocer "la verdadera situación de la entidad", lo cual permitió hallar numerosas anomalías que podrían ser supuestos de responsabilidad contable e incluso penal.

Se advierte al Tribunal de Cuentas de que hay abiertas diligencias penales en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, dedicado en exclusiva a investigar el supuesto desvío de fondos públicos por parte de los gestores de la depuradora, en una causa en la que se encuentran imputadas 32 personas.

El Tribunal de Cuentas se declara competente para tramitar una demanda formulada por la Emshi

Esta instrucción se desarrolla, según la denuncia presentada por la Emshi, "al objeto de esclarecer si hubo un concierto para obtener de forma continuada un beneficio ilícito a costa de los fondos que Emarsa disponía para ejercer su actividad".

Asimismo, expone que, pese a las dificultades encontradas a la hora de reconstruir la facturación de los últimos años, por encontrarse desaparecidos muchos justificantes de pagos, la contabilidad refleja "numerosas anomalías".

En el escrito de denuncia enumera las irregularidades detectadas en los contratos suscritos entre Emarsa y diversas mercantiles, la mayor parte de cuyos propietarios también se encuentran imputados en la causa.

Así, se considera que Emarsa pagó de forma indebida 2,8 millones de euros a Construcciones y Reformas Rocafort; más de 846.000 euros a Mantenimientos Valmasmark por obras que al parecer no se ejecutaron y que estaban referenciadas en edificios inexistentes, y más de 3,7 millones a Microprocesadores Valencia y Sofitec Informática.

También se denuncian los 188.000 euros facturados a Emarsa por Arrima Centre d'Estudis, propiedad del hermano de Enrique Arnal, o los 118.000 facturados por Management de Azafatas, propiedad de su mujer.

Las cuantías más importantes son las que facturaron, siempre según el escrito de denuncia, cuatro empresas de Jorge Roca, actualmente en paradero desconocido y sobre quien pesa una orden de búsqueda internacional.

Sus firmas, dedicadas al tratamiento de lodos, cobraron de Emarsa más de 19 millones de euros entre 2005 y 2010, pese a que hay evidencias, según las mismas fuentes, de que en realidad no se realizaba ningún tratamento de lodos o ése no se concluía, no se vertían de forma regular y no se efectuaban los pertinentes análisis.

Igualmente, se denuncian como ilícitos compras efectuadas en grandes almacenes o tiendas de lujo y viajes, muchas de ellas imputadas como gastos de representación, por considerar que no eran propios de una empresa sin actividad comercial.

El total de lo gastado "injustamente", concluye el escrito de denuncia, asciende a 27.689.129,90 euros.

El Tribunal de Cuentas no aprecia falta de jurisdicción ni competencia objetiva ni territorial para conocer el asunto y por tanto considera procedente admitir a trámite la demanda, que se sustanciará en juicio ordinario.