Bilbao se ampara en la UE para justificar el impago a Habidite

El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, sugirió ayer que el incumplimiento de los contratos que firmó con el presidente del Grupo Afer, Jabyer Fernández, para la puesta en marcha en Alonsotegi de la planta de pisos modulares de la firma Habidite, estaba fundamentado en la posibilidad de que lo firmado no fuera del todo legal.

Bilbao aseguró ayer en respuesta a la resolución de la Comisión Europea que declaró el miércoles ilegales aquellos contratos por incluir subvenciones consideradas ayudas de Estado, que la Diputación “puso en conocimiento de la UE aquellos convenios marco tras un aviso que hizo el Tribunal de Cuentas del País Vasco”.

El diputado general, que llegó dos horas tarde al pleno de las Juntas Generales en Avellaneda, explicó después de la sesión: “Por seguridad jurídica hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer tras ese aviso del Tribunal Vasco de Cuentas, en el que ya apuntaban que cabía la posibilidad de que en caso de materializar podría suponer ayuda de Estado”.

Los contratos fueron firmados con gran despliegue de medios en diciembre de 2006, pero no fueron remitidos a Bruselas hasta marzo de 2008. De hecho, ni siquiera fueron comunicados a las Juntas Generales hasta un año después de su firma, el 13 de diciembre de 2007, pese a las reiteradas demandas de la oposición por conocerlos. Para entonces ya todos los partidos cuestionaban la legalidad de los contratos, y expertos juristas se habían pronunciado en contra.

Bizkaia se comprometía a comprar y dejar en condiciones unos terrenos en Alonsotegui para instalar la planta de Habidite. En el segundo de los convenios, aceptaba comprar 1.500 de los pisos producidos. La oposición se había cansado de criticar que no había ninguna consignación presupuestaria para semejantes acuerdos.

Bilbao: “Lo llevamos a la UE tras un aviso del Tribunal de Cuentas”

En febrero de 2008, el diputado general seguía sin proporcionar a las Juntas los informes de legalidad y económicos, pero ni siquiera los presentó en mayo de 2009 en una comparecencia ante el resto de la oposición. Fue en ese momento, el 19 de mayo de 2009, casi dos años y medio después de firmados los convenios, cuando Bilbao puso una condición para librar las ayudas que incorporaban los convenios, y es que estos fueran ratificados por la UE.

Jabyer Fernández cree que la decisión de no pagar es mucho anterior

En ese preciso momento fue cuando Bilbao hizo público que el 31 de marzo —un mes y medio antes— de ese mismo año la Ddiputación había notificado a la Bruselas los contratos para aclarar si eran o no legales. “La Comisión nos ha ratificado que son ayudas de Estado, pues ya esta resuelta la duda”, aclaró ayer Bilbao. “No se pueden hacer las cosas a la brava”, criticó de su lado el consejero de Economía Carlos Aguirre, y emplazó a Bilbao a consultar con Bruselas antes de dar ese tipo de pasos.

El presidente de Afer, Jabyer Fernández sostiene que la cronología de los hechos confirma que la Diputación de Bizkaia había decidido, mucho antes de mandar los contratos a la UE, no “pagar ni un solo euro de los compromisos que incorporaban”.