Bruselas tumba por ilegales las ayudas que Bilbao ofreció a Jabyer

La Diputación de Bizkaia parece ir de decisión equivocada en decisión equivocada en sus relaciones con Bruselas. En la última década, la Comisión Europea ha desautorizado a los máximos dirigentes forales en tres ocasiones con el mismo argumento: la concesión de ayudas ilegales a empresas del territorio que tenían la consideración de ayudas de Estado y, por tanto, incompatibles con la competencia.

La Comisión Europea comunicó ayer a través de un comunicado de prensa que los contratos (convenios) que firmó el propio diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, con la empresa Habidite, una de las firmas del Grupo Afer, que preside Jabyer Fernández, son ilegales por contener ayudas estatales. Los contratos, suscritos en diciembre de 2006, comprometían a la institución foral a comprar y preparar unos terrenos para la puesta en marcha de una planta de construcción de viviendas modulares, de las que 1.500 compraría la propia Diputación.

La Comisión entiende que una empresa privada no hubiera firmado semejantes contratos y los considera ayudas ilegales, aunque como no se llegaron a conceder al abrirse la investigación europea, no reclama su devolución como sí sucedió en el caso de las vacaciones fiscales. Los convenios no se llegaron a ejecutar y fueron el primer paso de una batalla judicial y personal entre el diputado general y Jabyer Fernández que aún sigue.

El empresario pasó de liderar un proyecto que se presentaba como solución al problema del empleo en Las Encartaciones a iniciar una larga travesía judicial. Fue la propia Diputación la que envió los contratos a Bruselas para que dictaminara su legalidad, pero mucho después de firmarlos —casi tres años— y según Fernández, “cuando ya habían decidido incumplirlos”.

Los partidos de la oposición acusaron ayer a Bilbao de “prepotencia” porque en opinión de socialistas y populares podía haber evitado todo el problema simplemente con haber planteado una consulta previa a la UE.

La resolución de la Comisión añade que, de no haber firmado los contratos, la institución foral podría haber subvencionado el proyecto, que la compañía cifraba en 57 millones de euros, con hasta 10,5 millones por la vía de las ayudas de finalidad regional.

Pese a estar firmados en diciembre de 2006, los convenios no pasaron por el control de las Juntas Generales de Bizkaia hasta un año después, en diciembre de 2007, pese a los requerimientos continuos de los partidos. Durante ese tiempo la Diputación y sus responsables mantuvieron con firmeza que “los convenios tienen toda la cobertura legal”. El entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, la incluyó en diciembre de 2008 entre los proyectos estratégicos aprobados por su Consejo Vasco de Promoción Económica y planteaba ayudarlo con 6,01 millones.

Es el tercer varapalo europeo a la política de ayudas de la Diputación

Apenas cinco meses después, Bilbao, ya muy enfrentado con Fernández, exigió el bloqueo judicial de las cuentas de tres empresas de Afer ante el riesgo de impago de una deuda tributaria de 43 millones correspondientes al IVA de la operación de venta de los terrenos de Puerta de Bilbao. Fernández justificó que había utilizado ese dinero para otras cosas después de pedir un aplazamiento de pago a la institución foral con el aval de los propios convenios firmados por Bilbao.

Los conflictos de la Diputación con Bizkaia se remontan a 2001, cuando Bruselas le obligó a recuperar las subvenciones por importe de casi seis millones de euros concedidas entre 1995 y 1998 a la compañía que explotaba el ferry Pride of Bilbao y que se articularon mediante la compra masiva de billetes.

Y en noviembre de 2011 propuso a la corte de Luxemburgo la imposición de fuertes sanciones a las diputaciones, entre ellas la de Bizkaia por no haber recuperado las ayudas fiscales a la inversión, las denominadas vacaciones fiscales y minivacaciones, que también fueron consideradas ayudas de Estado.