Empleo mantiene que Bizkaia otorgó “sin control” las subvenciones

La bronca abierta entre el Gobierno vasco y Bizkaia por la transición en la gestión de las principales ayudas sociales —Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y Prestación Complementaria de Vivienda (PCV)— desde los Ayuntamientos y las Diputaciones a Lanbide asistió ayer a un nuevo episodio. El viceconsejero de Planificación y Empleo, Javier Ruiz, y el director de Formación y Garantía de Ingresos de Lanbide, Pedro Sánchez, acusaron en una rueda de prensa en Bilbao a la institución provincial vizcaína de haber estado concediendo “sin ningún control” las prestaciones. Bizkaia contestó horas después por medio de una nota que la situación que vive Lanbide “es fruto de su improvisación para concretar la transferencia”.

Ruiz destacó que Álava y Gipuzkoa ya habían trasladado todos sus expedientes a Lanbide, mientras que Bizkaia tiene todavía pendiente la entrega de alrededor de 1.500. “Esta demora está provocando un drama a cada una de esas familias, que esperan respuesta a su petición. Por eso, con seis meses de retraso —las ayudas están en manos de Lanbide desde el 13 de diciembre pasado—, exigimos a la Diputación de Bizkaia que los entregue cuanto antes”, señaló Ruiz.

Esos expedientes, precisó Sánchez, son de personas que han presentado una reclamación ante la propia Diputación tras haber recibido una negativa a su solicitud de recibir la prestación. “Bizkaia ha dicho que para diciembre acabará con todos los informes, pero podría pasar más tiempo, hasta un año”, opinó Sánchez. Por ello, El Ejecutivo permitirá a los afectados presentar una nueva solicitud ante Lanbide. “Si posteriormente la Diputación responde afirmativamente a su petición, se les pagarían todos los atrasos”, detalló.

La institución foral responde que “ya está enviada toda la información”

A lo largo de los últimos seis meses, Bizkaia ha ido entregando “de forma gradual” a Lanbide un total de 19.214 expedientes referidos a 15.034 familias —algunas tenían más de uno abierto—, indico Sánchez. El promedio de retraso en la tramitación de esos informes era de ocho meses, criticó. Así, del total de expedientes que Lanbide recibió de Bizkaia el pasado febrero, “solo 302 cumplían la ley”, es decir, tenían menos de dos meses de demora. “2.979 llevaban un retraso de entre tres y seis meses; 1.845, de entre siete y doce meses; y 533, de más de 13 meses. Y así todos los meses. Los retrasos han sido siempre grandes”, lamentó.

Tanto Ruiz como Sánchez denunciaron que estos atrasos heredados por “la mala gestión” de la institución foral habían supuesto a Lanbide un desembolso en el último medio año de 13 millones, ya que una vez aceptada la solicitud del demandante de la ayuda hay que pagarle de golpe todos los meses pendientes.

Sánchez advirtió del riesgo de proceder de esta manera, puesto que a lo largo de esos meses la situación de las personas puede cambiar. “No voy a dar la orden de pagar 20.000 euros a una persona sin comprobar si sigue cumpliendo los requisitos para recibir la prestación. Y esas propuestas las hemos recibido de Bizkaia. Sin ningún control”, censuró. En su opinión, este comportamiento de la Diputación se debe a “una falta de recursos humanos y técnicos”.

La institución foral replicó por medio de una nota que “toda la información obra en poder de Lanbide desde hace seis meses”. A su juicio, la situación “es fruto de la improvisación para definir el proceso de transferencia y las obligaciones de ambas instituciones en dicho proceso”.