Cataluña estudia implementar impuestos sobre contaminación atmosférica

Cataluña podría poner en marcha un impuesto sobre la contaminación atmosférica, la producción termonuclear de energía eléctrica, el almacenamiento de residuos radiactivos o por cada pernoctación turística para financiar medidas que eviten el impacto del calentamiento global. Estas son algunas de las propuestas que incluye el documento que ha presentado este lunes el secretario de Medio Ambiente de la Generalitat, Josep Enric Llebot, que recoge más de un centenar de medidas que servirán para adaptarse al cambio climático y que deberá aprobar el Gobierno catalán a finales de año.

Actualmente, Cataluña solo dispone de dos impuestos de carácter ecológico -el canon del agua y el canon sobre depósito de residuos urbanos-, pero no se descarta una nueva fiscalidad ambiental que podría incluir la figura del pago por servicios ambientales en sectores como el forestal, el agroganadero y el del agua.

La Estrategia Catalana de Adaptación al Cambio Climático, como se titula el documento, analiza los 13 sectores más frágiles para tratar de que Cataluña sea menos vulnerable a los cambios que se esperan, y que afectarán especialmente a los Pirineos, donde la temperatura media puede aumentar tres grados, y el delta del Ebro, que sufrirá cambios por el aumento del nivel del mar.

Con estos ingresos se tendrían que lograr los recursos públicos necesarios para lograr la financiación adecuada que permitiera la ejecución de las medidas de adaptación, que, en definitiva, proporcionarían más solidez a los sectores económicos.

Josep Enric Llebot ha señalado al presentar el documento, que se someterá a un proceso de participación pública, que en el texto se analiza la situación del agua, la agricultura y ganadería, la biodiversidad, los bosques, la industria y los servicios, la movilidad e infraestructuras de transporte, la pesca, la salud, el sector energético, el turismo, el urbanismo y la vivienda.

También se ha remarcado que la misma UE propone en España la necesidad de avanzar hacia una nueva fiscalidad que, sin implicar un incremento en su presión, sea incentivadora de cambios de comportamiento hacia actitudes que reduzcan los impactos ambientales.

Para el documento se han tenido en cuenta experiencias de otros países, algunos de los cuales tienen una normativa jurídica específica para las políticas de cambio climático.