Los ciervos de Baza, en los juzgados

Los agricultores de la Sierra de Baza, en el noroeste de la provincia de Granada, van a llevar a la Junta a los tribunales. Y no es la primera vez. Se quejan de que Medio Ambiente no dé soluciones ante los daños ocasionados por los ciervos en los cultivos de la zona. Calculan que hay unas 3.000 hectáreas afectadas debido a la densidad de población que “supera”, según denuncian, la capacidad de acogida del medio. Como no encuentran suficiente alimento en las superficies boscosas, los animales se desplazan a los cultivos cercanos. Las huellas y evidencias de su paso —ramas secas y partidas, así como almendras solo en la copa de los árboles—- se pueden comprobar a escasos metros de los pueblos.

El parque sostiene que la población de ciervos se ha reducido un 20% desde 2008 y en la actualidad hay unos 1.550 ejemplares, 2,8 ciervos por kilómetro cuadrado. Los agricultores creen que el número es superior. Mientras, el plan comarcal de ordenación cinegética intenta conciliar los intereses de agricultores, cazadores y ecosistemas. Pero no es fácil.

La escasez de lluvia agudiza un problema que enfrenta a agricultores y Medio Ambiente desde hace una década. Los cazadores aseguran que todos “tienen un poco de razón”. Quienes tienen cultivos critican que la Junta hace “oídos sordos” a sus reivindicaciones y de ahí que vayan a denunciar, como ha anunciado la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Mientras, el Parque Natural sostiene que sí están tomando medidas y aunque su director, Juan Romero, reconoce que hay “daños”, también cree que hay gente que “aprovecha la situación” ante posibles indemnizaciones.

El debate de la sobreabundancia de herbívoros no es exclusivo de Baza, pero en esta zona sí que hay una particularidad: los agricultores cuentan con sentencias favorables, que en cierto modo les animan a intentar conseguir por esa vía sus pretensiones. La última, una del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) de marzo de 2011 que obliga a la Administración a indemnizar con 114.226 euros (más intereses desde que se efectuó la reclamación) a un grupo de 17 agricultores que demandó a la Junta en 2002. Los magistrados consideraron que la Administración no había cumplido “en absoluto” con la obligación de preservar las fincas de los propietarios afectados.

Los agricultores plantean que se valle el parque o aumenten las capturas. Medio Ambiente tiene claro que ni va a cercar el parque (52.337 hectáreas) ni va a exterminar el ciervo, que se reintrodujo a principios de los años 80. Sin embargo, según explica su director, no descarta aumentar si es posible los cupos de capturas, incrementar las zonas de siembra y pedir que se incluya vallado en futuras subvenciones de cultivo. En cualquier caso, Romero aclara que solo el 48% del Parque Natural es propiedad de la Administración autonómica, un 23% de los Ayuntamientos y un 30% de particulares, a los que también corresponde “tomar medidas”.

Como meses atrás han mantenido reuniones y, según los agricultores, no hay resultado, optan por acudir a la vía judicial. Gregorio Carvajal, uno de los afectados, asegura que casi a diario los ciervos llegan a sus almendros. Los daños ocasionados por los animales, a los que no es difícil ver por la tarde en las proximidades de los municipios, rondan el 80% de la producción, según UPA, que ha decidido romper las negociaciones con la Consejería. Reclaman no solo la pérdida de esta cosecha sino los costes de los trabajos que hay que realizar para reconstruir las plantaciones. Los cazadores creen que la población de ciervos es menor que la estimada por los agricultores.