Las lealtades políticas

Miembros del PP han criticado duramente, hasta pedir su dimisión, una declaración del vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, acusándolo de “deslealtad con España”. No quiero entrar en este debate político concreto, pero quiero utilizar el incidente para reflexionar sobre las lealtades de los políticos. Es una reflexión que me he visto obligado a hacer en varios momentos, ya que como catalán he formado parte del Gobierno español y como español he participado en el Gobierno europeo.

Debo empezar diciendo que hay que distinguir claramente entre órganos representativos (Parlamentos) y órganos ejecutivos (Gobiernos). Si alguien es elegido diputado al Parlamento español o europeo por una circunscripción, es evidente que es, en este órgano, el representante de sus electores para defender sus intereses y a ellos debe lealtad. Sus votos han de tener en cuenta primariamente estos intereses locales, aunque se le supone un criterio suficiente para evitar que esta defensa perjudique los intereses más generales. Los diputados españoles en Estrasburgo deben velar por los intereses españoles sin olvidar los de la Unión Europea. Y los diputados catalanes en Madrid tienen la obligación de pensar en los intereses de Cataluña, pero sin dejar de pensar en los intereses del Estado.

Las cosas no son iguales si se trata de órganos no elegidos ni representativos, es decir, de Gobiernos. Las personas designadas para estos cargos tendrán sus naturales inclinaciones fruto de su origen territorial, inclinaciones que no necesitan reprimir y que influirán en sus decisiones. Pero su obligación fundamental es ser consecuentes con las obligaciones del órgano al que pertenecen y ser leales al nombramiento que han aceptado. Durão Barroso y Van Rompuy no están en Bruselas al servicio de Portugal o de Bélgica, ni Draghi está en Francfort al servicio de Italia. Todos ellos tienen la obligación de poner por delante los intereses europeos, o estarían faltando gravemente a su obligación.

Los ministros andaluces, o catalanes, o gallegos, no representan en el Gobierno a su tierra, ni están en él para defender los intereses de su territorio, sino los intereses generales del Estado

En el plano español, los ministros andaluces, o catalanes, o gallegos, no representan en el Gobierno a su tierra, ni están en él para defender los intereses de su territorio, sino los intereses generales del Estado. Seguro que su procedencia geográfica les hace analizar de forma distinta estos intereses y, por tanto, deben expresar y defender su visión, hasta el extremo de renunciar a su responsabilidad, dimitiendo, si creen que no se les entiende. Pero no pueden anteponer intereses locales a los del Estado ya que su lealtad principal es esta.

Afortunadamente, es corriente que se puedan conjugar ambos objetivos, o por lo menos esta es mi experiencia. Luchar para conseguir fuertes inversiones industriales de capital extranjero para España y al mismo tiempo explicar las ventajas objetivas que tiene la periferia de Barcelona para la localización de industrias es algo satisfactorio para un ministro español. Apoyar la construcción de una infraestructura transeuropea de interés para el conjunto de la UE y crear con ello puestos de trabajo en España también es muy agradable para un cargo español en la Comisión. Pero hay que actuar lealmente sabiendo que, en los dos casos, el primer objetivo es el fundamental. Pensar que los ministros catalanes están en el Gobierno representando a Cataluña o que los comisarios españoles están en la Comisión representando a España es el origen de muchos conflictos y puede ser la causa de una mala gestión por su parte, porque no serían leales con el compromiso que han adquirido al aceptar el cargo.

La Comisión ha establecido, con una gran sensatez, que las entidades bancarias no sistémicas, cuyo salvamento tenga un coste para los contribuyentes superior al coste de su liquidación, es mejor que desaparezcan. Es decir, que el dinero público hay que gastarlo en garantizar los depósitos de los clientes y no en proteger a directivos y accionistas. De acuerdo con su cargo de vicepresidente, Almunia adelantó que las ayudas de la UE al FROB deberán aplicar esta norma. No entiendo que, aunque al Gobierno español no le guste, se pueda calificar esta declaración de “una deslealtad para con España”. Significa un desconocimiento absoluto de las reglas del juego que aceptan los Gobiernos que acuden a la ayuda europea. ¡Ya lo aprenderán!

¿Será que algunos entienden las lealtades institucionales y otros se quedan en las lealtades de partido?

Joan Majó es ingeniero y exministro.