Diez organizaciones sanitarias llaman a la objeción de conciencia contra los recortes

Una decena de organizaciones de profesionales sanitarios vascos instaron ayer a todo este colectivo a acogerse a la objeción de conciencia ética si se aplica el decreto ley en el que el Gobierno popular detalla los recortes sanitarios y que excluye de la atención a diferentes colectivos, como los inmigrantes sin papeles.

Entre las organizaciones, que consideran el citado decreto ley “una chapuza” que va contra el derecho a la salud y el Estado del bienestar, figuran el Colegio Oficial de Médicos de Bizkaia, el Colegio de Enfermería de este mismo territorio, la Sociedad Vasca de Medicina de Familia y Comunitaria o la Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría.

Representantes de las 10 entidades comparecieron ayer en Bilbao en una rueda de prensa en la que consideraron que el decreto, injustificable a su entender tanto económica como legalmente, quiebra la solidaridad y es una medida “racista”, que tiene que ver más con cuestiones ideológicas que de gestión de gasto público.

Las organizaciones, entre las que también se encuentran la Sociedad Vasca de Medicina Familiar y Comunitaria o la Asociación por el Derecho a la Salud Osalde, esperan que en las próximas semanas se adhieran a su iniciativa más asociaciones científicas y sociales.

En el texto consensuado en el que exponen su llamamiento a la objeción recalcan que Euskadi es la primera comunidad autónoma española donde “tantos colectivos de profesionales se han puesto de acuerdo para afirmar que la salud es un derecho universal de los ciudadanos y que la accesibilidad a los servicios sanitarios es básica para evitar inequidades”.

Los firmantes tienen previsto repartir 10.000 ejemplares de este texto en las consultas médicas públicas, así como entre los profesionales del sector privado que se lo soliciten.

El documento asegura, citando a fuentes de la consejería vasca de Sanidad, que si se aplica el decreto, Osakidetza dejaría de atender a 13.500 jóvenes mayores de 26 años que no han accedido aún a su primer empleo, a 800 personas divorciadas, a 3.500 discapacitados con una afección inferior al 65%, además de a 22.000 inmigrantes empadronados en Euskadi, pero sin permiso de residencia, además de otros 17.000 que no están empadronados. Por ello, pidieron al consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, que “aguante el tirón” y mantenga la intención del Ejecutivo autónomo de no aplicar el decreto.

En su opinión, el decreto ley “empuja” a los colectivos afectados hacia una mayor utilización de los servicios de Urgencia, que son “mucho más costosos” que los de Atención Primaria, además de fomentar el “incumplimiento terapéutico”. “Todo ello generará un incremento de ingresos hospitalarios con un mayor coste a largo plazo”, indicaron.