La ayuda a víctimas policiales aviva el desacuerdo de Madrid y Gobierno vasco

El divorcio político entre el Gobierno López y el PP vasco amenaza con envenenar escenarios que se consideraban a salvo por su condición estratégica. Además, lo está haciendo de manera ostensible para que las diferencias no pasen desapercibidas y el malestar cale entre la opinión pública, sobre todo si se trata de asuntos relativos al final del terrorismo. Ayer mismo, minutos después de que la portavoz del Gobierno vasco presentara su decreto para “el reconocimiento y la reparación” de las víctimas policiales, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reaccionó indignado diciendo que es “impresentable” equiparar a las víctimas de ETA con otras “acciones colaterales”.

Aquel encuentro entre Fernández Díaz y el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, antes de la clausura de las jornadas sobre la memoria y la paz ha resultado un espejismo porque sus acuerdos se los ha llevado por delante la ruptura del pacto político en Euskadi. A medida que avanzan las críticas del Gobierno López a los recortes de Mariano Rajoy, se agranda el distanciamiento en temas nucleares sobre el fin de la violencia entre los dos partidos que hicieron causa común de este tema tan nuclear en el País Vasco.

Lakua avisa de que el voto de exiliados alienta el victimismo nacionalista

La portavoz del Ejecutivo socialista, Idoia Mendia, descalificó el enfado del ministro al asegurar que “no se ha leído” el decreto “ni las alegaciones que realizó su Gobierno”, dijo ayer durante su comparecencia habitual de los martes, en Vitoria. “Me duele”, añadió la consejera, “que utilice el calificativo de impresentable” porque, según desveló, Fernández Díaz debía de conocer “perfectamente” los contactos mantenidos entre los dos Gobiernos sobre este tema.

Esta reflexión crítica de Mendia confirma que los puentes han quedado rotos entre ambos partidos, incluso en estos asuntos básicos. Pese a las diferencias, el decreto del Gobierno vasco, que entrará en vigor el 19 de junio, repara a las víctimas de actuaciones policiales entre 1960 y 1978 con una escala de indemnizaciones en base a las consecuencias de estos excesos.

El ministro, sin embargo, está “absolutamente en contra” de intentar poner “en el mismo plano” la acción “inhumana y salvaje de ETA con otras acciones” porque le parece “lamentable, injusto e impresentable”.

La Cámara vasca debatirá la ley que prevé auxiliar a los amenazados de ETA

En este contexto de posturas enfrentadas sin voluntad de encontrarse es fácil de entender que el Gobierno vasco intercediera en la polémica abierta por el deseo del PP vasco de dar la posibilidad de votar a los supuestos exiliados que abandonaron Euskadi por las amenazas de ETA. En esa línea, Idoia Mendia entiende que la reforma pretendida por los populares, y que sustenta el Gobierno central, “no es oportuna” porque, a su juicio, “favorecería el victimismo de los nacionalistas”. Conocedora de la ley electoral, la consejera de Justicia reconoció que “es una iniciativa bastante inoportuna. Le sigo viendo muchas aristas”, advirtió.

Por otra parte, la mesa del Parlamento vasco ha admitido a trámite, según Efe, una proposición de ley firmada por PSE-EE, PP y UPyD que prevé ayudas específicas para las personas que se marcharon de Euskadi por la amenaza directa o la presión de ETA y que quieran regresar a Euskadi como residentes. Para habilitar estas ayudas es necesaria la modificación de la Ley de Reconocimiento y reparación de las Víctimas del Terrorismo aprobada por el Parlamento vasco en 2008. El contenido de la proposición de ley está basado en las conclusiones del estudio encargado por el Gobierno vasco al Instituto de Criminología sobre las necesidades de este colectivo.