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OPINIÓN

Igualdad

Una cosa es reconocer los fallos de la financiación autonómica y otra dar por buenas las pretensiones de los nacionalistas catalanes que pueden perjudicar a las regiones más pobres

El presidente Griñán no ha tenido remilgos en reconocer que la aplicación del actual modelo de financiación autonómica resulta perjudicial para Cataluña. Percibe menos recursos de los que le corresponden. Otro tanto se puede decir de Andalucía aunque, al final, todos dieron por bueno un sistema que ha llegado hasta nuestros días sin especiales dificultades. Pero hay quién ha decidido romper el consenso básico alcanzado y ahí tenemos, de nuevo, al Gobierno catalán propugnando su original propuesta que pasa por el llamado pacto fiscal que emula al privilegiado régimen foral vasco. Se trata de que la Generalitat tenga la llave de la caja recaudando y gestionando todos los impuestos y limitando la aportación al fondo común de solidaridad del conjunto de España.

Pero una cosa es reconocer los fallos y otra, bien distinta, dar por buenas las pretensiones de los nacionalistas catalanes que propugnan una relación basada en la bilateralidad con el Estado consolidando una posición claramente insolidaria y que puede perjudicar a las regiones más pobres. El asunto amenaza con convertirse en un verdadero problema para los propios socialistas dado que, en Cataluña, el PSC parece dispuesto a alcanzar acuerdos con CiU en esta materia, lejos de los criterios que pueda fijar el PSOE federal. En todo caso, habrá que esperar a los encuentros que esta semana mantendrán los propios socialistas catalanes con los de Ferraz.

Como Griñán es el presidente del partido y, prácticamente, la única referencia institucional que conservan los socialistas, se espera que juegue un papel fundamental para establecer una fórmula que satisfaga a los propios catalanes pero, también, al resto del país. En el PP ya han planteado su iniciativa que pasa, entre otras cosas, por cederle la gestión de más impuestos, la creación de una agencia tributaria propia y la aplicación de un principio de ordinalidad que garantice el mantenimiento de la posición catalana respecto a su renta per cápita. Esto es, quien más aporte más ha de recibir a cambio. Cabe preguntarse, entonces, qué va a pasar con aquellas comunidades menos ricas. Desde Andalucía se ha tenido siempre en cuenta, más bien, el factor de la población a la hora de fijar los ingresos por encima del PIB, concepto que, además, se esgrime ahora cuando se trata de asumir el grado de los recortes que impone el Ejecutivo y, desde luego, con escaso éxito.

La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, nos advierte que está en contra de que los catalanes se salgan con la suya y se extienda el modelo vasco. Ya veremos en qué queda todo, pero una vez más los socialistas andaluces pueden ser decisivos. Otro tanto de lo mismo se puede decir del PP andaluz, que, con Javier Arenas a la cabeza, se ha mostrado en reiteradas ocasiones en contra de que se consoliden modelos de financiación injustos e insolidarios.