El plan prevé un “depósito controlado”

El nuevo plan de residuos de Bildu parte de la premisa de que la normativa actual (el Plan Integral de Gestión de Residuos de Gipuzkoa) está desfasado. Ahora se generan un 12% de desperdicios domiciliarios, y los sistemas de recogida selectiva reducirían la materia que sería necesario tratar. El plan calcula que en 2016 se puede reciclar el 60% y llegar al 75% en 2020.
Con estas nuevas previsiones, los expertos que han elaborado el documento, proponen cerrar los tres vertederos abiertos (Beasain, Azpeitia y Zarautz) antes de 2015. Para entonces tendrían que estar operativas seis plantas de compostaje, una por cada mancomunidad, y una instalación de “digestión anaerobia” en Zubieta. Además, serían necesarias otras tres plantas de tratamiento mecánico-biológico para la basura que actualmente va a vertedero, una de las cuales, la de más capacidad (90.000 toneladas al año), iría en Zubieta. Las otras dos, de 30.000 toneladas, en Azpeitia y Beasain.
Los redactores del plan reconocen que después de este proceso tecnológico quedaría una fracción “inerte”, cuyo volumen no cuantifican en el estudio, que se destinaría para rellenar “espacios naturales degradados”. Para el PNV esto es “un vertedero co npalabras bonitas”. Además de este gran depósito, habría que contemplar la elaboración de “un censo” de este tipo de áreas sin regenerar para ir ocupándolas en el futuro. Aseguran que es una práctica común en la provincia italiana de Trento, en la frontera entre Dinamarca y Groenlandia, o en Cataluña.
Los expertos elogian los resultados del puerta a puerta en las cuatro localidades donde se lleva a cabo y proponen su extensión “a la mayoría de municipios del territorio”. En este sentido, proponen ubicar en Zubieta un “centro de investigación para el estudio y la recuperación de la fracción residual”.
El coste total sería de 182,6 millones, frente a los 380 millones del actual. Solo la incineradora sería 40 millones más cara que todo el plan, señalan. El documento calcula que este modelo permitiría crear 120 puestos de trabajo directos, además de los que genera el puerta a puerta (un empleo por cada 2.000 habitantes), aunque no incide en el encarecimiento que supone este sistema de recogida.
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