Trabajo despide a 109 promotores de empleo seis meses antes de lo previsto

El fin de los contratos de los 109 promotores de empleo financiados por el Ministerio de Trabajo para asesorar a los desempleados que acuden a las oficinas del INEM buscando orientación se adelanta de diciembre a junio. La disposición final decimocuarta del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012 acorta seis meses los contratos de los 109 trabajadores que ejercían esta función en Galicia, contratados como funcionarios en junio del año pasado dentro de un plan extraordinario creado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la misión de asesorar individualmente a los desempleados que acuden a las Oficinas de Empleo, saturadas ante la avalancha de parados. Muchos de ellos son jóvenes sin formación que al perder su trabajo no saben ni por donde empezar para encontrar un nuevo empleo o mejorar su currículum.

La medida afecta a 1.500 promotores de toda España y, aunque los portavoces del Ministerio de Trabajo aluden a la necesidad de recortes para explicar el adelanto de los despidos, tanto los afectados como los partidos de la oposición —PSOE y BNG— alertan de que la disposición pretende privatizar el servicio de intermediación en el mercado laboral a través de empresas de trabajo temporal o a través de autorizaciones como la obtenida por la Confederación de Empresarios de A Coruña, que funcionará como agencia de colocación.

Mientras la Ley de Presupuestos inicia su tramitación en el Senado, los promotores de empleo se quejan de la falta de información y de que la Consellería de Traballo y el Ministerio de Trabajo se pasan uno a otro la responsabilidad sobre el futuro de estos trabajadores. “La contratación de estos profesionales es competencia de las Comunidades Autónomas, por lo que desconocemos cuáles son las provisiones fijadas por las diferentes comunidades para efectuar estas contrataciones, ya que exceden nuestro ámbito de competencias”, respondió por carta el Ministerio a los promotores que solicitaron datos sobre su situación. Extremadura y Cantabria ya han anunciado que asumirán con fondos propios la continuidad del programa, algo que la Xunta no se plantea. La Consellería de Traballo explica que los despidos se deben a una decisión del Ministerio y que no puede hacer nada para mantener el servicio. “Se trata de una decisión del gobierno central, que es la Administración competente para determinar la duración del programa, financiado y creado con fondos estatales de carácter finalista”, argumentan fuentes del departamento.

Al adelanto del finde los contratos también se refirió el pasado jueves, en comisión parlamentaria, la directora general de Formación y Colocación, Ana María Díaz, que restó gravedad a los despidos. “No podemos dar la imagen de que 109 personas tengan que abandonar su trabajo vaya a ser un desmantelamiento de las oficinas del servicio de empleo”. Díaz también llamó a empresas y agencias de colocación a ir de la mano de la consellería “para proporcionar posibilidades de empleo a las personas que peor lo están pasando”.