Un resquicio legal permite aplicar desde hoy la subasta de medicamentos

La Consejería de Salud ha conseguido salvar, por ahora, la subasta de fármacos, si bien el alcance de la medida será mucho menor del previsto. Cuando el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sacó a concurso la adjudicación de algunos principios activos contaba con ahorrar 40 millones de euros al año (y hasta 240 en próximos ejercicios), pero con el procedimiento que entra en vigor hoy se ahorrarán, como mucho, 12 millones anuales. “La previsión de ahorro ha ido bajando de forma progresiva conforme se nos han ido poniendo chinitas en el zapato”, asumió este jueves la consejera de Salud, María Jesús Montero.

Las posibilidades de llegar a esos 40 millones de ahorro ya se esfumaron cuando siete de los 11 laboratorios que habían resultado adjudicatarios no se presentaron a la firma del contrato con el SAS. Y el alcance de la subasta se redujo aún más con las correcciones al real decreto de medidas sanitarias aprobado por el Gobierno central.

El texto establece que cuando un usuario llegue a una farmacia con una receta por principio activo el boticario tendrá que dispensar el de “precio más bajo”. Este cambio de reglas ha dejado fuera a tres de las 13 moléculas adjudicadas por la Junta. Sin embargo, en las otras 10 se da la circunstancia de que las moléculas adjudicadas son también las que tienen el precio más bajo del mercado, por lo que la subasta puede seguir adelante y la Junta se beneficiará de las mejoras económicas que firmaron los laboratorios.

El decreto estatal de sanidad anula tres de las adjudicaciones firmadas por la Junta

Montero habló este jueves de que la adjudicación seguía siendo válida para nueve moléculas, lo que permitiría un ahorro de ocho millones. Pero a última hora de la mañana, el SAS tuvo conocimiento de que al protector gástrico omeprazol de 20 miligramos y 28 cápsulas del laboratorio VIR se le había concedido la categoría de genérico, lo que permite mantener la adjudicación. Al ser, además, una de las moléculas más consumidas, el ahorro estimado por Salud sube de ocho a 12 millones de euros, según avanzaron fuentes de la Consejería.

Al final, las 10 moléculas adjudicadas que la Junta ha conseguido salvar son: cuatro presentaciones de omeprazol, una de clopidogrel (un antiplaquetario para evitar la formación de coágulos), dos de lavastatina y tres de prevastatina sódica (usados para disminuir el colesterol). Las nuevas condiciones de dispensación entran hoy en vigor. Cuando un usuario del SAS llegue a una farmacia con una receta por principio activo, el boticario deberá venderle siempre el seleccionado por la Junta. “Hemos compatibilizado las correcciones del real decreto con el concurso público”, explicó Montero. Así, cuando haya varias moléculas que tienen el precio más bajo del mercado, en las farmacias del resto de España los boticarios pueden vender cualquiera de ellas. Pero en las andaluzas, tienen que dispensar la adjudicada por el SAS.

Responsables de la Consejería se han reunido en los últimos días con la cúpula del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof) para explicarles el procedimiento y el Cacof ha informado a todas las farmacias andaluzas de que, a partir de hoy, tienen que vender los fármacos seleccionados. En su escrito, el Consejo Andaluz da a entender que asume la medida a regañadientes y recuerda que la selección de medicamentos entra en vigor “a pesar de la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional del conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de la Nación, que lleva aparejada la suspensión del procedimiento de concurso”.

Sin embargo, la Junta considera que la suspensión cautelar anunciada por el Constitucional no afecta a las moléculas que ya se habían adjudicado antes de que el Gobierno recurriera el concurso. Para ello, el Ejecutivo andaluz se ampara en que la providencia dictada por el alto tribunal retrotrae la suspensión de la resolución andaluza al día 2 de abril, pero la firma del contrato entre el SAS y los laboratorios se produjo antes de esa fecha (el 19 de marzo).

Fuentes del Ministerio de Sanidad señalaron ayer que los servicios jurídicos están estudiando el asunto para ver si la Junta está o no incumpliendo la suspensión del Constitucional. La Consejería, por su parte, presentará alegaciones en los próximos días a la decisión del alto tribunal.