Bildu y el PNV se echan en cara contratos dudosos en el Consorcio de Residuos

El Gobierno foral de Bildu en Gipuzkoa y el PNV, principal grupo de la oposición, elevaron ayer el tono de sus acusaciones al echarse en cara “dudosas” contrataciones en el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK en sus siglas en euskera) cuando esta sociedad ha estado alternativamente en manos de aquellos partidos. El diputado de Medio Ambiente, Juan Carlos Alduntzin, tuvo que comparecer en las Juntas Generales para aclarar el nombramiento del director general de GHK, Antton Lete, propietario de la empresa Altair Ingeniería, en las fechas en que el consorcio adjudicó a esta empresa tres contratos que suman casi 124.000 euros.

El juntero del PNV Xabier Ezeizabarrena consideró “muy graves” estos hechos porque existía “una vinculación clara [de Lete] con la izquierda abertzale”. Alduntzin negó que la contratación de Lete fuese “contraria a la ética”, puesto que “vendió la empresa antes de que aceptara el cargo” para dirigir GHK. Todos los contratos adjudicados a Altair se ajustaron a la legalidad, aseguró el diputado.

Ezeizabarrena hizo hincapié en que Lete asumió la dirección del consorcio el pasado 30 de marzo, mientras que la venta de su parte en Altair, según la escritura que mostró Alduntzin, se produjo cinco días después (el 4 de abril), aunque el 3 de mayo aún figuraba en el Registro Mercantil como administrador solidario de Altair. “Queda claro que existe un vínculo y un interés en la adjudicación de varios contratos a Altair”, dijo Ezeizabarrena.

Alduntzin contraatacó sacando a relucir que el nombramiento del anterior gerente técnico de GHK durante la pasada legislatura se hizo de forma irregular, porque el consorcio alquiló una vivienda en San Sebastián a su nombre antes de su designación en concurso público. Esta persona ha sido recientemente despedida por los responsables de Bildu, que controlan el Consejo de Administración de GHK.

El representante del PP Txema Murguiondo consideró “insuficientes” las explicaciones del diputado, a quien acusó de “adjudicar obras y servicios a personas afines al Gobierno foral”.