Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Dirigentes de Emarsa usaron coches de lujo pagados por un proveedor

Crespo niega que contratara a Gimeno para hacer la nueva sede de la Emshi

Microprocesadores Valencia, SL, una de las firmas con las que Sebastián García Martínez facturó 4,5 millones de euros a la empresa pública Emarsa, pagó automóviles de lujo que luego han utilizado varios de los imputados en la causa que investiga el fraude de más de 25 millones de euros en la firma que gestionaba la depuradora de Pinedo.

El juez Vicente Ríos, que instruye el saqueo de la Emarsa desde el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, ha incorporado a la causa los resultados de las consultas realizadas a la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre los usuarios de varios vehículos comprados por Microprocesadores Valencia en 2007.

En concreto, Ríos se interesó por un Mercedes Benz ML 320 CDI comprado a RBM Sport. Según la DGT, el propietario es Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa y uno de los principales imputados ya que afronta una fianza solidaria de 25 millones de euros junto al expresidente de la firma, Enrique Crespo. Otro vehículo, un Toyota Rav 4, comprado en el mismo concesionario, está a nombre de Cristina Segarra Carbonell, la mujer de Cuesta.

Un Audi Q7, en este caso comprado a Audio Vitor, SL, es propiedad de Mirador Aquarium Servicios, SL, una firma que estuvo a nombre de Enrique Arnal, exdirector financiero de la firma saqueada. Por último, un todoterreno BMW facturado por Audio Vitor, SL, es propiedad de Noves Técniques Ecològiques, SL, una firma que trataba los lodos de la depuradora con tres de sus dirigentes también imputados en la causa.

Hermanos millonarios

Microprocesadores Valencia es una de las dos firmas con las que Sebastián García Martínez facturó 4,5 millones de euros entre 2006 y 2010 a Emarsa. Además, dos empresas de la hermana de este empresario, María Paz García Martínez, facturaron otros 4,5 millones a la depuradora. Lo más chocante, según fuentes del caso, es que Emarsa solo disponía de 30 puestos de trabajo informatizados. Sin embargo, se suministraron, por ejemplo, 174 teclados, 149 ratones, 141 licencias antivirus, 105 altavoces, 79 monitores...

García Martínez declaró en su día ante el juez del caso que los gestores de Emarsa le exigían “comisiones del 60%”.

Ríos, que sigue tomando declaraciones en la instrucción del caso Emarsa, escuchó ayer por segundo día consecutivo a Enrique Crespo, expresidente de la depuradora que llegó al cargo en su calidad de presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), firma integrada por 51 municipios y propietaria de la depuradora. Y a preguntas de su letrado contó cómo se gestionó el proyecto de una nueva sede de la Emshi tras el fracaso de la operación para transformar un viejo secadero de jamones en el edificio principal de la firma. El proyecto se vino abajo tras conocerse que se iba a comprar por 12 millones de euros a una constructora que lo había comprado antes por siete.

Tras el fiasco, se buscaron nuevas ubicaciones para la sede. Y en su declaración ante Ríos, Juan Carlos Gimeno, empresario y exconcejal en el Ayuntamiento de Valencia por el PP, aseguró que facturó a Emarsa por el proyecto para el edificio. Crespo desmintió ayer ante el juez que hubiera fichado a Gimeno para el proyecto: “Ni se le contrata ningún proyecto, ni se le encarga ningún trabajo”. Crespo argumentó que no se podía hacer porque no había ningún solar a disposición de la Emshi, y explicó que Gimeno, “persona muy emprendedora”, le presentó unos bocetos. “No se me entregó ningún proyecto, ni conozco ningún proyecto”, añadió.

Por otra parte, la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor (PP), aseguró ayer que desconoce si su marido, el fallecido exconsejero José Ramón García Antón, recomendó o no a Crespo la contratación de Cuesta para el puesto de gerente de Emarsa, informa Santiago Navarro. “Entenderán que yo no puedo saber si es así o no, por desgracia, ojalá lo pudiera saber”, explicó. Pastor realizó estas manifestaciones a raíz de la declaración de Crespo, que atribuyó la contratación de Cuesta a una recomendación de dos personas ya fallecidas, el desaparecido consejero y el exdelegado del Consell en Valencia Fernando Coquillat. En todo caso, Pastor aclaró: “Si recomendó a esta persona sería porque la consideraría capacitada profesionalmente para el cargo. Pero no veo la importancia de esas declaraciones”.

 

Más información