Imputados por malversación dos altos cargos del hospital de Sant Pau

Primero fue el expediente de regulación de empleo anunciado en enero, que afectaba a un tercio de la plantilla. En marzo llegó la intervención de la Generalitat por un agujero en sus cuentas da hasta 30 millones de euros. Y ahora la imputación judicial de dos altos cargos por malversación, apropiación indebida y un delito contra los trabajadores. El año 2012 está siendo uno de los más convulsos de la historia del hospital de Sant Pau, una institución cuyos orígenes se remontan a 1401.

El juzgado de instrucción 22 de Barcelona tomará hoy declaración como imputados a los que formalmente son los máximos responsables de Sant Pau, los presidentes de los patronatos de dos de las tres fundaciones que forman la institución. Uno es Albert Folia, que encabezó hasta hace una semana la fundación conocida como “la gestora”, la responsable de la asistencia médica en el centro. El otro es Josep Lluís Alay, que ocupa de forma rotatoria el mismo cargo en la fundación “patrimonial”, dedicada a rentabilizar el patrimonio de Sant Pau, que además de los edificios del propio hospital (incluidos los históricos) tiene un millar de bienes inmobiliarios recibidos como donativos a lo largo de la historia.

Sant Pau tiene una tercera fundación, más pequeña y dedicada a la investigación, que no ha sido incluida en la denuncia que ha originado al caso. Esta fue presentada hace un mes por una trabajadora del hospital, la radióloga Carme Pérez, y el sindicato Asociación Profesional de Enfermería (APE), y denuncia a los gestores de Sant Pau por estafa, malversación y delito societario.

La denuncia ponía el foco en dos cuestiones principales. La primera acusa a la compleja forma jurídica de Sant Pau —tres fundaciones con tres patronatos distintos, pero con recursos económicos y formas de gestión no siempre bien definidos— de restar recursos al hospital y perjudicar a trabajadores y pacientes.

Los ingresos generados por el patrimonio recibido en donaciones no se destinan a prestar asistencia médica

El segundo foco de la denuncia destaca un cúmulo de irregularidades que, entre otras, incluyen pagos a personas que no trabajan en el hospital, sobresueldos, indemnizaciones y favores políticos. Según los denunciantes, es precisamente la compleja estructura jurídica de Sant Pau la que favorece la opacidad e impide el control de las irregularidades.

Carme Pérez, que acudió a ratificar su denuncia ante el juez el pasado día 19, se mostró ayer prudente ante el avance del proceso judicial. “Estamos solo al principio de un caso que puede ser largo. Confiamos en que el juez ponga luz en todo lo ocurrido en Sant Pau en los últimos años”. Àngels Sabaté, presidente del sindicato APE y acudirá también hoy ante el juez para ratificar los hechos denunciados. “Los hechos denunciados tuvieron que ser conocidos por los patronos de los últimos años. Ahora es el momento de que los aclaren ante el juez”, recalcó.

El auto de imputación del juez Juan Emilio Vila Mayo, hecho público ayer, estima en buena parte los argumentos de la denuncia, aunque imputa a los gestores de Sant Pau, sin descartar otros, delitos distintos de los mencionados en el texto presentado por Carme Pérez y la APE.

Los denunciantes consideraban delito societario la peculiar forma jurídica de Sant Pau. La institución fue dividida en dos fundaciones en 1991 —la tercera, la de investigación, fue creada más tarde— como una forma de proteger el patrimonio de Sant Pau de las deudas acumuladas por el hospital, principalmente con la Seguridad Social. Los bienes inmobiliarios (y todos sus beneficios) fueron dejados en manos de la fundación patrimonial, mientras los posibles déficits de la asistencia sanitaria (con sus deudas e hipotéticos embargos) fueron atribuidos a la fundación gestora. Este esquema ha tenido con el paso de los años un resultado que los denunciantes consideran perverso, ya que mientras la fundación patrimonial acumula beneficios millonarios de los alquileres y rentas de sus bienes, la fundación gestora debe someter a trabajadores y pacientes a los recortes impuestos por la Generalitat. “Estos bienes fueron donados precisamente para atender a los enfermos del hospital”, explica Carme Pérez, que considera delictivo que el dinero que generan no llegue ahora al hospital y se quede en la fundación patrimonial.

El auto judicial, sin embargo, no cita el delito societario como el atribuible a los denunciados, sino que se refiere expresamente a un “delito contra los derechos de los trabajadores”.

Sobre los sobresueldos y pagos indebidos a varios responsables del hospital, la denuncia se refería a ellos como delitos de estafa y malversación, mientras el juez cambia en su auto el primero por el de apropiación indebida. Entre las irregularidades denunciadas, destaca el caso de Ricard Gutiérrez Martí, que siguió cobrando del Sant Pau como gerente adjunto hasta 2011 pese a que dejó de ejercer funciones ejecutivas en el hospital en 2004. Otros casos cuestionados son el de los patronos Joan Ros Petit y José Ignacio Cuervo, quienes cobraron distintas cantidades de Sant Pau pese a ejercer como patronos, algo que prohíbe la ley catalana de fundaciones.