La interventora general de la Junta cesa “por un cúmulo de asuntos personales”

Rocío Marcos, interventora general de la Junta, ha dejado su puesto al frente de este órgano fiscalizador de cuentas públicas. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, rechazó ayer que el cese de Marcos esté vinculado con el caso de los ERE, pese a que hace dos semanas la juez Mercedes Alaya avanzara la previsible imputación del ex interventor general Manuel Gómez Martínez.

"Ha aludido a un cúmulo de argumentos personales (...) Ha tomado la decisión muy a pesar de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que estaba muy satisfecha con su trabajo", puntualizó Vázquez. Marcos aparece en el listado de las 24 personas que el PP quiere que comparezcan en la comisión de investigación que se constituirá en el Parlamento para analizar las presuntas irregularidades que ya investiga Alaya.

A Marcos le sustituye Adolfo José García, ex director gerente de la empresa pública de Gestión y Activos y de a Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial.

Mientras, la Junta entregó el pasado lunes la documentación completa del expediente de la empresa Hijos de Andrés Molina, tras el que surgió el fondo para empresas en crisis. El Gobierno andaluz había entregado parte de esta documentación a la policía, pero esta permaneció en una habitación de los juzgados a la que la juez no tenía acceso.

Alaya avisó la semana pasada a la Junta de que “por última vez” debía entregar toda la documentación relativa a este importante expediente, y entonces el Ejecutivo recopiló la información para hacerle entrega. Esta había sido incluida por la defensa del exconsejero Antonio Fernández en su recurso ante la prisión preventiva decretada.

En la documentación, relativa al año 2000, un año antes de la creación del convenio entre Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), destaca cómo el interventor delegado Joaquín Alegre lamenta que la ayuda concedida para las prejubilaciones de siete trabajadores “podría constituir también, implícitamente, una ayuda pública a la empresa Hijos de Andrés Molina”. El interventor denuncia en su informe que al no estar amparada la ayuda en un régimen de ayudas notificado a la Comisión Europea, “pudiese ser incompatible con el mercado común”.

Posteriormente Empleo alegó que la ayuda no era incompatible con el mercado común porque no afectaba a los intercambios comunitarios. “No favorece a determinadas empresas o producciones y no hay beneficiarios identificables que obtengan una mejora en su posición competitiva”, según el documento firmado por el entonces viceconsejero de Empleo Antonio Fernández, hoy en prisión preventiva.

Finalmente, el interventor general Gómez Martínez recomendó que se incorporara al expediente el informe de la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior de la Consejería de Presidencia, que no veía preceptivo comunicar las ayudas a Bruselas.