Fabra reducirá los entes públicos a 23 y despedirá a 3.500 empleados

El Consell acariciaba desde hace meses la reducción de un sector público demasiado grande y costoso y este viernes hizo realidad sus propósitos en el habitual pleno de los viernes. El plan, encargado a la consultora Deloitte, prevé reducir el número de entidades públicas —entes, sociedades y fundaciones— de las 66 actuales a 23, deshacerse de entre el 40% y el 50% de sus plantillas, unos 3.500 empleados, y abrir la puerta a la colaboración público privada, explicó el consejero de Economía, Máximo Buch, en la conferencia de prensa tras la reunión del Gobiero valenciano.

La reconversión permitirá al Consell unos ahorros de hasta 215 millones de euros en el presupuesto de 2013, que se añaden, según Buch, a los recortes previstos en las cuentas de este año y que ascienden a 770 millones de euros. La Generalitat ya recortó los gastos de empresas y fundaciones públicas un 30%, además de recortes en la inversión.

En la actualidad, el presupuesto de todas ellas, de acuerdo con los datos facilitados por Buch, es de 1.786 millones de euros. Según el plan hilvanado este viernes —“ahora se inicia el ajuste fino”, dijo el consejero de Economía—, un 50% de los ahorros previstos el año próximo se obtendrán con la reducción de plantilla, que pasa de los 7.555 empleados actuales a “entre 3.700 o 4.500”. La otra mitad se ahorrará de capítulos como las subcontrataciones, asesorías externas o alquileres.

El recorte de personal en Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), donde se prevén unos 1.200 despidos, y los cambios en la Agencia Valenciana de Turismo quedan al margen de la hoja de ruta presentada por el Gobierno de Fabra.

La reconversión permitirá al Consell unos ahorros de hasta 215 millones 

Once entidades de las 66 —es el caso de la Agencia Valenciana de la Movilidad— pasan a depender de las consejerías de la Generalitat. Otras ocho entidades, entre ellas, la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, la Fundación Generalitat-Iberdrola o la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo, se abandonan o la presencia pública es residual.

El resto de entidades supervivientes colgarán de seis holdings en función de las áreas que dependerán de la Corporación Pública Empresarial, que se encargará de la coordinación y control económico y financiero de las otras seis entidades. Quedan en pie con este plan las sociedades públicas Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), Ciudad de la Luz (gestora de los estudios cinematográficos de Alicante), el Circuito del Motor (responsable de la pista de carreras de Cheste), Aerocas (promotora del aeropuerto vacío de Castellón) y Vaersa.

Otras conocidas empresas como Ciegsa, Sepiva o el Instituto Valenciano de la Vivienda se diluyen en los seis holdings creados, lo que en la práctica supondrá una disminución en el número de altos cargos, admitió el responsable de la cartera de Economía.

El número de directores generales disminuirá, algunos de ellos pasarán a ser directores de los nuevos entes

El número de directores generales disminuirá, algunos de ellos pasarán a ser directores de los nuevos entes y en el caso de los cargos públicos que pierdan competencias con la reestructuración, el Consell podrá revisar su salario.

El consejero Buch manifestó su deseo de que tras los cambios se intensifique la colaboración público-privada en las sociedades públicas. A su lado, el vicepresidente del Consell, José Ciscar, se mostró dispuesto a que el sector privado se haga cargo total o parcialmente de proyectos como el aeropuerto de Castellón. La Ciudad de la Luz es otra de las sociedades que la Generalitat quiere abrir al sector privado.

El ajuste fino del plan aprobado este viernes se llevará a cabo a partir de junio. Entonces se iniciarán los procesos de extinción o concentración de empresas, entidades y fundaciones. El coste de los despidos previstos —de un 40 a un 50% de la plantilla— no se concretó.

Este plan de ajuste ha sido elaborado por la consultora Deloitte, que se adjudicó el concurso lanzado por la Consejería de Economía por 254.000 euros.

EU considera el plan un "golpe de muerte al sector público”

La reacción de la oposición no se hizo esperar. El diputado y portavoz adjunto de Esquerra Unida Ignacio Blanco dijo que el plan es un “golpe de muerte al sector público” por los miles de despidos que provocará. El diputado presentó ayer una pregunta al Consell para exigir “información detallada sobre cómo van a ejecutarse estos despidos”.

El Consell y la conferencia de prensa posterior se celebró con el ruido de las protestas de fondo. Por un lado, trabajadores de los centros de atención a la discapacidad se concentraron para denunciar el impago de salarios debido a la deuda que mantiene con ellos el Consell. Y, por otro, los trabajadores de RTVV, que manifestaron su rechazo a los despidos previstos por la Generalitat.

Según CC OO-PV, los afectados son trabajadores de residencias, centros de día y centros ocupaciones donde se atiende a discapacitados psíquicos y a los que el retraso en los pagos ha provocado que estén sin cobrar las nóminas de entre dos y cuatro meses. Los trabajadores de RTVV portaban pancartas en contra del ERE y chalecos y camisetas rojas en los que afirman no ser los culpables y defienden una RTVV en valenciano, pública y de calidad.