La Cámara pide atención en euskera en servicios del Estado

El Parlamento sigue sin acusar la ruptura del pacto entre el PSE y el PP, de modo que el consenso y la transacción volvieron a ser ayer las notas predominantes en los asuntos a debate en el pleno, entre ellos la Ley del Consejo Económico y Social, que fue aprobada con un amplio respaldo, que solo le negaron los seis parlamentarios de Aralar, Ezker Anitza y UPyD.

Una propuesta del grupo abertzale propició un acuerdo por el que la Cámara pide a la Administración del Estado que adopte las medidas pertinentes para poder atender en Euskadi a la ciudadanía tanto en castellano como en euskera.

El consenso logrado rozó la unanimidad, tras la transacción alcanzada entre Aralar y el PP, de la que solo se apartó UPyD. Su único parlamentario, Gorka Maneiro, se abstuvo y aprovechó para cargar contra el PP, al que acusó de “echarse en brazos del nacionalismo lingüístico” y de haber demostrado que ha realizado “un giro” respecto de sus posiciones anteriores, sin haberse terminado con las “discriminaciones”. Del acuerdo dijo que es “una vergüenza que demuestra el cambio de rumbo del PP vasco”.

La resolución aprobada con tan amplio apoyo reclama del Ejecutivo central la realización este mismo año de un estudio en el que se fijen “las necesidades más perentorias”, los recursos que serían precisos para cubrirlas y el coste de hacerlo.

El objetivo es que se “amplíen” las medidas ahora existentes en los servicios dependientes de la administración del Estado, hasta que estos alcancen a garantizar de modo efectivo “el derecho de los ciudadanos a elegir en libertad la lengua oficial” en la que quieren relacionarse con ellos.

La Cámara aprobó una declaración institucional de compromiso con la “igualdad real y efectiva” de homosexuales y transexuales y de reclamación a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que elimine la transexualidad de su catálogo de enfermedades mentales, como ya hizo antes con la homosexualidad.

Sólo la central nuclear de Garoña provocó una correlación de fuerzas menos unitaria. El Parlamento acordó, con los votos de PNV, PSE, Aralar, EA y Ezker Anitza, reclamar al Gobierno de Mariano Rajoy que mantenga el cierre de la instalación en 2013, ordenado por el Ejecutivo socialista. El PP se quedó solo, con la única compañía de UPyD, en la defensa de su continuidad hasta 2019.