Montoro bendice un plan de ajuste de 4.578 millones para Cataluña

El Gobierno catalán deberá emplearse a fondo este año con las tijeras para afrontar un ajuste presupuestario sin precedentes. El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, regresó anoche de Madrid con la aprobación de un paquete de medidas de austeridad que suman hasta 4.578 millones de euros, dependiendo de si finalmente se abona la deuda de 211 millones de euros del Estatuto. Esa cantidad supone cerca del 20% del presupuesto catalán, justo el doble de lo que la Generalitat tuvo que recortar el año pasado para reducir el déficit público. El esfuerzo que requiere el plan no se vio recompensado por los mercados, al menos de inmediato. A la salida del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y tras recibir el beneplácito del ministerio de Hacienda, a varias comunidades les esperaba el castigo de la agencia de calificación de riesgos Moody’s. Y a dos, Cataluña y Murcia el mazazo de ver su deuda degradada hasta el nivel de bono basura.

El copago sanitario reportará a la Generalitat 50 millones de euros

La tarea que le espera a Mas-Colell no será fácil. El rápido deterioro del contexto económico ha supuesto que en apenas medio año el Ejecutivo catalán haya pasado de prever un crecimiento del PIB del 0,8% para 2012 a una contracción del 0,8%, de acuerdo con el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Generalitat de Catalunya 2012-2014. Y en segundo lugar, los intereses que ha ido generando una deuda que a finales de 2011 ascendía a 41.912 millones de euros —sin contar con 3.500 millones por sistemas de pago diferido de obra pública— se están erigiendo como el gran lastre de las finanzas catalanas. Solo entre 2011 y 2014 estos aumentarán el 63%.

A diferencia del año pasado, cuando la Generalitat decidió pegar reducir el 10% los Presupuestos, ahora Mas-Colell ha presentado una combinación de reducción del gasto y aumento de los ingresos. En concreto, el plan prevé recortar los fondos disponibles para la Administración catalana en 2.910 millones de euros y aumentar su recaudación entre 1.384,5 y 1.667,5 millones. La receta que se empleará para aplicar esta dosis de austeridad a las cuentas catalanas es la siguiente:

• Los decretos de Educación y Salud del Gobierno de Rajoy: 1.069 millones. El ahorro que supondrían esos paquetes de medidas constituyen la principal fuente de reducción de gasto del Ejecutivo catalán. Se trata de una partida de cuya efectividad suscita dudas incluso en el Gobierno catalán, que piensa recurrirla ante el Constitucional. Sobre el papel, las medidas deberían permitir un ahorro de 1.069 millones de euros. Y aunque la Generalitat en su día afirmó que solo servirían para aligerar el presupuesto en 150 millones, al final ha optado por creerse los números del Gobierno de Rajoy. De esta cantidad, 728 millones provienen de los ajustes en el ámbito de la sanidad, mientras que el resto corresponden al educativo.

• Recortes de gasto de personal: 729 millones. Es la segunda gran pata en las que se apoya la reducción del gasto de la Generalitat. Solo la reducción salarial del 5% de los empleados públicos, que se extenderá en la misma proporción a los conciertos educativos, supondrá un ahorro de 420 millones, que se complementan con medidas como la suspensión del fondo de acción social o la reducción de días libres.

• Medidas tributarias: 316,3 millones. El principal tributo sobre el que se apoya la Generalitat es el impuesto de Patrimonio, que recuperó temporalmente el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Su recaudación, de acuerdo con el plan, será de 316,3 millones de euros. El Gobierno de Artur Mas también respetará la subida de los tramos máximos del IRPF que implantó el segundo plan de austeridad del tripartito, es decir, los que afectan a las rentas más altas, que permitirán ingresar 73,5 millones este año. Según el plan presentado por el Ejecutivo catalán, de momento la Generalitat no prevé rebajar esos tipos máximos, a no ser que el informe sobre “optimización de impuestos” que debe preparar Mas-Colell para los próximos Presupuestos diga lo contrario.

• Creación y subida de tasas y otros impuestos: 180,2 millones de euros. El Gobierno de Mas sube el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD), el denominado céntimo sanitario sobre la gasolina e instaura la tasa turística y el copago sanitario. En general, los catalanes pagarán un 14% más en tasas que el año pasado. En este apartado se puede apreciar parte del coste para este año del pacto que alcanzaron CiU y PP para sacar adelante los Presupuestos de 2012. La implantación de la tasa turística se realizará en noviembre, por lo que Mas-Colell no ha previsto ingresos por ese gravamen, mientras que ingresará 100 millones anuales por el copago —50 millones este año—, frente a los 110 millones del proyecto inicial. De este modo, ese pacto le costó al Gobierno de CiU al menos 105 millones en 2012.

• Menos transferencias a empresas públicas, ayuntamientos y subvenciones: 545 millones. El Departamento de Economía calcula que la reestructuración del sector público catalán permitirá ahorrar 300 millones de euros, ya sea por la supresión o fusión de sociedades. El Ejecutivo, además, solo concederá la mitad de los 400 millones en subvenciones que a fecha de hoy tiene pendientes de dar a empresas y familias. De hecho, el Gobierno catalán ya ha vaciado prácticamente de presupuesto la sociedad Suport a l’Empresa Catalana, que en 2011 contaba con 115 millones y este año solo tiene dos millones. Los ayuntamientos catalanes también verán reducidas sus aportaciones en 45 millones de euros.

• Privatizaciones. Las ventas de patrimonio oscilarán entre los 888, y los 1.171 millones, dependiendo de si el Gobierno central paga o no la disposición adicional tercera del Estatuto que, según dijo el PP a Europa Press, el ministerio abonará si tiene fondos. En general, las desinversiones constituyen la partida de las comunidades que más dudas generan, puesto que el contexto económico impidió que el año pasado pudieran llevarse a cabo operaciones de este tipo. Es el caso, por ejemplo, de la venta de inmuebles, de la que la Generalitat espera obtener 360 millones, aunque de momento, el Ejecutivo catalán solo ha logrado vender un edificio. El Gobierno también pretende hacer caja con la concesión de la empresa Aigües Ter-Llobregat y, para ello, Economía ya ha preparado el pliego de cláusulas. El plan fija, además, que cualquier eventualidad para cumplir con el déficit se cubrirá con privatizaciones.