Valderas cierra filas con el plan de ajuste porque no “había otra salida”

“En tiempos difíciles, la obligación de los gobernantes es decir la verdad al pueblo”. Diego Valderas echó mano el miércoles de esta frase —que es ya un mantra en la boca de los políticos desde que estalló la crisis— durante una comparecencia para respaldar las durísimas medidas de ajuste que aprobó el martes el Gobierno de coalición del que es vicepresidente. Y esa verdad, según el también coordinador andaluz de IU, es que “no había otra salida”. “Aunque el plan tiene grandes dosis de injusticia, resulta imprescindible, porque la cuestión era sí o sí”, zanjó.

 Con su apoyo explícito, al que dio solemnidad convocando a los medios de comunicación, el número dos de la Junta quiso despejar cualquier sombra de duda sobre la solidez del Ejecutivo mixto a la primera ocasión que las cosas han venido torcidas. Y culpar, de paso, de los recortes “salvajes” al Gobierno de Mariano Rajoy, que, a su vez, cumple las órdenes de la Unión Europea. El plan supone la reforma del Presupuesto de 2012 en 3.500 millones: 2.500 millones menos en el gasto, y 1.000 millones más en los ingresos.

Igual que hizo el martes la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, Valderas insistió en que el grueso de los recortes ha afectado lo menos posible al empleo y los servicios públicos, un camino que marca la diferencia de Andalucía respecto a otras comunidades autónomas que han elegido el despido de los trabajadores y las privatizaciones. No ocultó que se siente incómodo con este tipo de decisiones “impuestas” que no comparte, “pero que son necesarias”, y se esforzó por enviar un mensaje de resistencia: “Se trata de una situación excepcional y las medidas tienen que ser reversibles en el menor plazo posible”, aseguró.

Algo muy parecido vino a decir el portavoz del grupo parlamentario de IU, José Antonio Castro, quien puso el énfasis en la necesidad de “mejorar” la progresividad en la reducción de los salarios, de modo que los más bajos no sufran merma alguna. “Los funcionarios pueden entender que se hace un esfuerzo para no tocar el sueldo base, pero eso no borra que las rentas del trabajo están ya exhaustas”. Castro confió en que las correcciones se incorporen durante la tramitación parlamentaria del decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno, una posibilidad a la que también se agarró Valderas.

Aunque el plan tiene grandes dosis de injusticia, resulta imprescindible, porque la cuestión era sí o sí Diego Valderas

No obstante, el líder de IU sostuvo que su formación ha antepuesto la política a otro tipo de circunstancias. “Nos hemos encontrado con esta situación y somos corresponsables, ya he dicho otra veces que llegaba llorado del Presupuesto de 2012”, aseveró. Y añadió: “Tenemos una política y un programa; no se trata de un Gobierno que sucede al anterior, sino de un Gobierno que lo sustituye”. “Preservamos el valor de Andalucía. Pido confianza para este Gobierno que busca una Andalucía más equilibrada”,

El vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales se mostró convencido de que el Gobierno central no tendrá argumentos para rechazar el plan de ajuste de la Junta, que es “solvente”, pese a que elige una senda distinta de la de las comunidades gobernadas por el PP. “Es racional, serio y valiente”, enfatizó, “si Rajoy no lo acepta [en la reunión de la Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra el jueves] significa que hubiera preferido que hubiéramos optado por que la gente se fuera a la calle”. Valderas achacó igualmente al Gobierno central parte de la dureza del plan de ajuste, ya que si hubiera abonado los 1.500 millones de euros que adeuda por el desfase en la ejecución de las inversiones estatales de 2008 y 2009, como dicta el Estatuto de Autonomía, habría tenido menor impacto.

Idéntica tesis mantuvo el portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez, informa Lourdes Lucio. “Son medidas impuestas por el Gobierno de España que hay que cumplir por imperativo de la ley”, dijo. Jiménez defendió la decisión de la Junta de rebajar los salarios de los empleados públicos “para evitar el despido de 30.000 trabajadores”. Reconoció que los interinos son los principales “perjudicados”, ya que verán reducido su salario en un 15%, al igual que su jornada laboral. “Pero se les va a garantizar el empleo”, subrayó.

De manera indirecta, el recorte será abordado en el primer pleno del Parlamento de la próxima semana. A propuesta de PSOE e IU se celebrará un debate sobre el impacto de los Presupuestos estatales en Andalucía, una norma que el PSOE no descarta recurrir al Tribunal Constitucional por vulnerar el Estatuto andaluz en materia de inversiones.