El Constitucional suspende cinco meses la subasta de fármacos

El conflicto de competencias presentado por el Gobierno central contra la subasta de fármacos de Andalucía sigue adelante. El pleno del Tribunal Constitucional acordó el pasado 8 de mayo admitir a trámite el recurso anunciado por el Ejecutivo, que entiende que la Junta de Andalucía invade competencias estatales al sacar a adjudicación pública algunos de los principios activos más consumidos. Esta admisión, según el texto de la providencia adoptada por el Constitucional, implica la suspensión durante cinco meses “de la vigencia y aplicación” de la norma impugnada, en este caso, la resolución por la que la Consejería de Salud anunció la convocatoria para adjudicar la venta en las farmacias de 16 principios activos.

En este plazo de cinco meses, el Constitucional tendrá que decidir si mantiene la suspensión cautelar de la resolución mientras dirime sobre el fondo del asunto o, por el contrario, permite a la Junta volver a activar la subasta hasta que haya una decisión firme sobre su constitucionalidad. Los precedentes son favorables a los intereses del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ya que en el caso del catálogo de medicamentos de la Xunta de Galicia, recurrido al Constitucional por el Gobierno de Zapatero, el alto tribunal levantó la suspensión por el ahorro económico que la aplicación de la norma suponía para la comunidad.

El Gobierno central considera que la Junta invade competencias estatales

En el caso de Andalucía, Salud esperaba ahorrar 40 millones de euros el primer año, aunque esta cifra tenía que recalcularse a la baja tras la decisión de siete de las 11 empresas seleccionadas de no suscribir el acuerdo con la Junta. El Gobierno andaluz no había recibido ayer la notificación sobre la decisión del Constitucional, por lo que los servicios jurídicos están a la espera de conocer el texto para saber si la suspensión durante cinco meses afecta a los convenios firmados con los cuatro laboratorios que sí formalizaron la adjudicación con el SAS. El acuerdo del pleno del Constitucional retrotrae la suspensión de la resolución andaluza al día en el que el Gobierno registró el recurso, el pasado 2 de abril. El acuerdo del SAS con los laboratorios se firmó el 19 de marzo, por lo que, en principio, existe la posibilidad de que sea válido.

De momento, la Consejería de Salud tiene ya todo listo para que los efectos de la subasta entren en vigor el 1 de junio, lo que supondría que, a partir de ese día, cuando un usuario presente en la farmacia una receta de alguno de los principios activos ya adjudicados, el boticario le venda el fármaco seleccionado por la Junta.

A la espera de que los juristas aclaren si la providencia del Constitucional afecta o no a lo ya adjudicado, lo que sí es seguro es que Salud no podrá, por ahora, adjudicar los fármacos que se quedaron vacantes tras la renuncia de siete de las empresas seleccionadas, ni volver a sacar a concurso público los principios activos que se habían quedado desiertos en la primera convocatoria. Tampoco podrá ampliar la subasta a más principios activos, que era la intención del SAS y sobre la que se había estimado en 200 millones el ahorro de la medida. El recorte del gasto farmacéutico que Salud esperaba lograr con este procedimiento queda pues en el aire.

El recurso del Gobierno ante el Constitucional se basa en un dictamen del Consejo de Estado que considera que la subasta invade competencias estatales en materia de fijación de precios y rompe la equidad de acceso a los medicamentos. En su resolución, el Constitucional da 20 días de plazo a la Junta para que presente alegaciones.

El Gobierno central había presentado también un recurso contencioso-administrativo contra la resolución que regula la subasta y contra la que sirvió para aprobar, el 19 de marzo, el listado de medicamentos seleccionados. Este recurso ha quedado en suspenso hasta que se resuelva el del Constitucional.