Cultura renueva sin recortes el convenio con los Franco

Los fuertes recortes de presupuesto de la Consellería de Educación y Cultura no afectarán al convenio anual con los herederos del dictador Francisco Franco para que corran por cuenta del erario público los gastos de las visitas guiadas y gratuitas al Pazo de Meirás. La propiedad enclavada en Sada (A Coruña), pagada con donativos forzosos y dinero público para regalarla en plena Guerra Civil al caudillo, vuelve a abrir sus puertas al público, cada viernes, desde el pasado 6 de abril después de que la Xunta renegociase con Carmen Franco la renovación del convenio que establece las condiciones de unas visitas que por ley tienen obligación de permitir los propietarios de un monumento declarado Bien de Interés Cultural.

La Xunta pagó 18.000 euros por poco más de siete meses de apertura al público en 2011 y volverá a desembolsar por lo que queda de este año, según lo acordado con los Franco, “un máximo de 21.200 euros”, según reveló ayer en el Parlamento el secretario general de la consellería, Jesús Oitavén. A preguntas de la diputada socialista Concepción Burgo, muy crítica con un acuerdo que considera “una sumisión” a los Franco, el alto cargo de Cultura justificó este gasto alegando que de la cantidad total, los costes de la seguridad privada durante las visitas del público sólo suponen 8.835 euros.

El resto del dinero (unos 12.300 euros) es para sufragar gastos “que no corresponden a una obligación de la familia Franco”, dijo Oitavén dado que cubren la contratación con la empresa de seguridad —la misma a los que los Franco tienen encomendada la vigilancia del Pazo todo el año— de un guía, “una programación didáctica” y la gestión de las reservas. El Pazo de Meirás recibió el pasado año 1.240. El número dos de la consellería que dirige Jesús Vázquez prometió remitir este mes el nuevo convenio firmado con los Franco, “que reproduce sin modificaciones sustanciales el del año pasado”. Defendió con ahínco, frente a las severas reprobaciones de la parlamentaria socialista, la necesidad de sufragar estos gastos para “garantizar la seguridad del inmueble y los visitantes, no de los Franco”.

“Se actúa con responsabilidad, no es trato de favor, pueden ocurrir actos violentos que serían responsabilidad del Gobierno, el pazo puede ser blanco del vandalismo", argumentó Oitavén.

Pero Burgo recriminó que los Franco no se vean afectados por los recortes, recordó que es su obligación legal permitir la apertura al público cuatro días al mes y dudó del contenido “didáctico” de las visitas guiadas. “¿Cuánto vamos a invertir para que la familia quede tranquila?”, se preguntó.