El juez frena el contencioso del Gobierno contra la subasta de medicamentos
La impugnación queda suspendida hasta que el Constitucional resuelva el conflicto de competencias
El Gobierno central se excedió en su intento de tumbar la subasta andaluza de medicamentos. Esa es la conclusión que se extrae del intercambio de escritos entre el Abogado del Estado, la Consejería de Salud y el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 7 de Sevilla, donde se tramitaba el recurso presentado por el Gobierno contra el concurso de fármacos. El juez ha suspendido la causa después de que el propio Abogado del Estado lo pidiera al percatarse de que la jurisdicción contencioso administrativa no puede tramitar un asunto que ya estudia el Tribunal Constitucional.
La suspensión hasta que se pronuncie el alto tribunal implica que tampoco prospera la paralización cautelar de la subasta que había pedido el Gobierno en el mismo recurso. El procedimiento abierto en el Constitucional, que sigue adelante, implicaba la suspensión de la resolución recurrida, pero la Junta entiende que no tiene carácter retroactivo, por lo que los convenios firmados con los cuatro laboratorios que formalizaron con el SAS la adjudicación siguen adelante.
El procedimiento está listo para que el 1 de junio se vendan los fármacos seleccionados
Fuentes de Salud han confirmado que el procedimiento está listo para que, a partir del 1 de junio, cuando un usuario presente en la farmacia una receta de alguno de los principios activos ya adjudicados, el boticario le venda el fármaco seleccionado por la Junta.
Salud al menos habría conseguido frenar así el intento del Gobierno de evitar que la primera fase del concurso público llegara a aplicarse, lo que llevó al Ejecutivo central a recurrir la subasta por todas las vías posibles.
El recurso contencioso administrativo había sido admitido a trámite, pero el juez ha dictado una providencia de suspensión hasta que se resuelva el conflicto de competencias planteado en el Constitucional. El abogado del Estado Miguel Ángel Gilabert envió el 12 de abril un escrito al Juzgado de lo Contencioso-administrativo 7 de Sevilla para promover “la suspensión” del recurso interpuesto días antes “por existencia de cuestión prejudicial constitucional”.
Las mismas razones alegó el letrado de la Consejería de Salud para pedir al juez que frenara el recurso y la suspensión cautelar. “Es absolutamente improcedente la tramitación de una medida cautelar que carece de objeto”, advirtió al juez el abogado de Salud.
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