Bravo ofreció 148.000 euros al diputado de Hacienda para tapar el fraude

Desnudo y sin escapatoria. José María Bravo, el principal acusado en el presunto fraude en la Hacienda de Irún, vio ayer desmoronarse como un castillo de naipes buena parte de sus argumentos exculpatorios. De ello se encargaron las revelaciones que hizo el exdiputado de Hacienda Juan José Mujika y la enumeración de irregularidades detectadas por un alto responsable de recaudación. En la undécima sesión del juicio por este caso en la Audiencia de Gipuzkoa, el primero relató el momento en que Bravo, a la desesperada tras sentirse descubierto, le propuso en 2006 ocultar el caso a cambio de pagar una importante suma de dinero. El segundo incidió en las numerosas anomalías que se dieron en la tramitación de expedientes cuando el inculpado dirigía la oficina tributaria de Irún.

Mujika, diputado de Hacienda de Gipuzkoa entre 2003 y 2007, llamó a su despacho a Bravo para pedirle explicaciones sobre dos contribuyentes que habían hecho pagos en metálico al acusado y esas cantidades no figuraban ingresadas en las arcas forales. Como ya adelantó este periódico, fue citado un viernes, pero la reunión tuvo que posponerse al lunes siguiente porque Bravo pidió 48 horas para “reflexionar”. En ese encuentro celebrado en septiembre de 2006, según explicó el exdiputado, Bravo se mostró dispuesto a “asumir una responsabilidad administrativa” y aseguró que disponía de 148.000 euros para “llegar a un acuerdo”, porque “no era conveniente sacar este tema” a la luz.

Mujika: “A Bravo le preocupaba el daño a su familia y a su hermano” Víctor

Bravo trató por todos los medios de tapar el asunto porque, según Mujika, “le preocupaba mucho el daño que le podía causar a su familia y a su hermano”, Víctor Bravo, en esas fechas senador del PNV y director de Hacienda entre 1991 y 2003. “Puede ser un Salsa Rosa tremendamente dañino para todos”, fue lo que dijo Bravo en aquella reunión. El director de la oficina de Irún estaba dispuesto a pagar por la “falta administrativa” que había cometido y adujo que disponía de dinero porque “le iban muy bien los negocios”, “tenía un grupo de empresarios de aquí que confiaban en él”, “estaba haciendo inversiones en una casa de sus suegros” en Extremadura e “iba a recibir subvenciones de la Junta de Extremadura y de Europa”.

Mujika decidió entonces “levantar la reunión” al considerar que el asunto era grave y había indicios de delito. Al día siguiente puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que inició las pesquisas a través de la policía judicial y en colaboración de los técnicos de la Hacienda foral.

Por otro lado, el jefe del Servicio de Recaudación, Juan Carlos González Lombo, que estuvo desde el inicio en la investigación de los primeros expedientes en los que se hallaron irregularidades, detalló las anomalías administrativas en que incurrió Bravo. Como responsable de la oficina tributaria de Bergara entre 1990 y 2004, con el mismo rango que Bravo en la de Irún, González Lombo aseguró que a partir de 2000 “nunca” se permitía los pagos en metálico “porque no había esa posibilidad”. Tampoco se extendían justificantes de embargo de metálico a los deudores, como hacía Bravo. No conoció entregas en efectivo superiores a 300.000 euros, también aceptadas por el procesado. Aseguró que no se podían condonar deudas y que no cabía la posibilidad de que los ingresos de contribuyentes quedaran sin contabilizar en la Hacienda. También mostró su extrañeza por la desaparición física de varios expedientes en soporte papel tramitados en Irún.