Solo 318 plazas para los opositores

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que ha bloqueado las oposiciones docentes andaluzas al presentar un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional, considera que la oferta andaluza era 7,5 veces superior a lo que permite la legislación vigente, en concreto, de lo que se establecía en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre. Es lo que se desprende del dictamen que la Comisión Permanente del Consejo de Estado emitió el 12 de abril y que el Gobierno central esgrimió para impugnar la convocatoria andaluza. En ese dictamen se señala que existen “fundamentos jurídicos suficientes” para acudir al Constitucional al haber superado la Junta la tasa de reposición del 10%, que solo permitía cubrir una de cada diez vacantes a través de las oposiciones.

El Consejo de Estado hace referencia a un informe de la dirección general de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales del departamento de Cristóbal Montoro, elaborado el 23 de marzo de 2012. En ese informe se afirma que el ministerio tiene constancia de que durante 2011 se jubilaron o fallecieron 3.168 funcionarios docentes en Andalucía. “El 10% de la tasa de reposición solo daría para convocar 318 plazas”, se señala. El ministerio y el Consejo de Estado rechazan así todos los argumentos que había empleado Andalucía para calcular las 2.389 plazas que pretendía sacar en junio: que la tasa de reposición cuando la Junta aprobó la oferta de empleo estaba fijada en el 30% y que una parte importante de la convocatoria se correspondía a consolidación de empleo interino. El Constitucional será ahora el que dirima qué Administración tiene razón.

El Consejo de Estado añade que la dirección general del departamento de Montoro recomendó que se requiriera a Andalucía que modificase su oferta “o, en su caso, justifique la adecuación del número de plazas a la normativa básica y, en última instancia, de no considerarse justificada en los términos expuestos, instar su anulación en vía judicial”. Este trámite recomendado por la propia dirección general de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas no se cumplió. El Gobierno no requirió a la Junta que modificara su convocatoria, algo que también está previsto en la ley del Tribunal Constitucional. El ministerio presentó directamente el conflicto positivo de competencias, lo que implica que las oposiciones estarán en suspenso al menos cinco meses.