Entran en vigor las tasas judiciales impuestas por la Generalitat

Las nuevas tasas judiciales aprobadas por la Generalitat, que gravan numerosos trámites con hasta 120 euros que los ciudadanos deberán pagar en los juzgados de lo civil y lo contencioso administrativo, entran este miércoles en vigor. “Los ingresos de las tasas se destinarán a la financiación de los gastos de funcionamiento de los órganos judiciales de Cataluña”, ha justificado el Departamento de Justicia en un comunicado.

Los ciudadanos deberán pagar por interponer demandas de juicios ordinarios y presentar solicitudes de declaración de concursos, con independencia de su cuantía. También tendrán una tasa los recursos de apelación y casación.

Además de este gravamen por servicios, también se imponen tasas sobre el aprovechamiento privado de bienes de la Administración de justicia, con una cuantía fija anual de 60 euros más la cantidad que resulte de multiplicar por seis cada 1.000 centímetros cuadrados cuando la superficie sea mayor de un metro cuadrado. Se salvarán de pagar esta tasa las entidades exentas del impuesto de sociedades y los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales.

Doble imposición

Los abogados han alertado de que los ciudadanes catalanes se verán afectados por una doble imposición de tasas, ya que a las impuestas por la Generalitat se sumarán las anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para el próximo otoño. Los nuevos gravámenes del Gobierno central se aplicarán en las segundas instancias para las jurisdicciones de lo civil, los social y lo contencioso administrativo.

Según Ruiz-Gallardón, el dinero recaudado con estos tributos se destinará a sufragar los gastos de la justicia gratuita, argumento que no ha convencido al Consejo de la Abogacía Catalana —que engloba a los 14 colegios de abogados de Cataluña—, que considera que debería ser financiada con los presupuestos generales y no a través de tasas especiales.

El decano del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), Pedro Yúfera, ha defendido por su parte una especie de pacto fiscal en materia de justicia, en la línea del que defiende la Generalitat para que las tasas que pagan los catalanes se queden en Cataluña.