Molinos de viento en el aire

Las dudas acechan el objetivo del Gobierno catalán de quintuplicar la capacidad de generación eléctrica a través de la energía eólica. Si en la Dirección General de Energía de la Generalitat asumen que el reto es tan ambicioso como necesario para ajustarse a lo marcado por la Unión Europea —las energías renovables deben cubrir en 2020 el 20% de la demanda energética—, empresas y profesionales del sector expresan el mismo sentir con cautela.

 “Es coherente y ambicioso, pero no es la mejor situación” para conseguirlo, admite el presidente de la patronal del sector EolicCat, Miquel Cabré. Es una opinión compartida por Carles Xavier Albà, presidente del Clúster de Eficiencia Energética de Cataluña, quien duda que los promotores se lancen alocados a la construcción de nuevos parques eólicos a no ser que el precio de la electricidad se duplique en poco tiempo. “Si no tenemos primas a las energías renovables, costará llegar al 20%”, dice.

José Enrique Vázquez, presidente del Grupo de Gestores Energéticos, señala que hubiera sido “políticamente incorrecto” no introducir el objetivo comunitario. Y fuentes de una de las grandes eléctricas señalan que el ideal fijado por la Generalitat se enmarca igualmente en el contexto actual: la pretensión comunitaria y que la energía eólica es la tecnología más madura entre la renovables.

Cataluña lleva lustros reñida con la energía eólica. Cuando no es la oposición de plataformas locales a los molinos de viento, es la justicia la que se cruza en el camino de su implantación, como sucedió hace un año con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de suspender cautelarmente el mapa eólico que aprobó el tripartito. De ahí que Cataluña se encuentre ahora en la séptima posición de la clasificación de comunidades autónomas en potencia instalada. A años luz, por ejemplo, de Castilla y León, que quintuplica los 1.008 megavatios producidos en Cataluña.

Todo el sector razona de la misma forma la dificultad de alcanzar los 5.153 megavatios eólicos que prevé la hoja de ruta energética de la Generalitat. A las dificultades históricas de instalar aerogeneradores se suma ahora un nuevo obstáculo: el decreto de febrero por el que el Gobierno central paralizó sin fecha las primas a las renovables. Solo tienen garantizadas las primas las instalaciones en marcha y las que tenían permiso para volcar su energía al sistema antes de acabar este año. El resto de los proyectos podrían quedar paralizados un mínimo de dos años, según admiten las fuentes del sector consultadas e incluso la Generalitat.

Con 1000 megavatios,

La incertidumbre generada por el decreto sitúa en un nuevo callejón sin salida los 22 parques que permitía desarrollar el mapa eólico aprobado por el tripartito. Sus 768 megavatios de potencia están suspendidos cauterlarmente por el TSJC, pero en caso de que se produjera una sentencia favorable a los intereses de la Generalitat, tampoco se podrían desarrollar. Sin un marco regulatorio favorable, no se invertirán los más de 1.200 millones de euros previstos por el plan. Además de los megavatios del último plan eólico, Cataluña cuenta con otros 1.000 megavatios en diferentes trámites de planeamiento que quedarán indefinidamente en el aire.

“El sector eólico puede liderar la economía, pero siempre y cuando tenga un marco retributivo razonable”, señala Cabré, quien advierte de que está en juego el futuro de las 30.000 personas que trabajan en el sector. Las pequeñas empresas son las que están más amenazadas por la situación.

Otra duda sobre los planes de la Generalitat es el futuro de la energía eólica marina. El Gobierno de Artur Mas se ha propuesto que el 10% de la eólica llegue de aerogeneradores instalados en el mar, aunque sea una tecnología poco desarrollada.

 En el año 2014 podrían estar las máquinas preparadas, y habría que esperar hasta 2015 para que se pudieran poner en marcha. Por ello la patronal del sector, agrupada en EolicCat, apremia a la Generalitat a acelerar todos sus planes y tramitaciones para que en 2015, cuando se espera que los promotores de eólicas estén en condiciones de lanzar sus proyectos, todo esté preparado. De no ser así, Miquel Cabré, presidente de la organización, considera que los objetivos podrían ser inasumibles. En este contexto de paralización por parte de la justicia y de cortapisas por parte del Gobierno central, el Ejecutivo catalán plantea aprobar el próximo año un nuevo mapa eólico.

La organización Greenpeace considera positiva “la ambición de los objetivos en energía eólica”, si bien censura el inmovilismo del Gobierno catalán en lo que se refiere a energía nuclear, al no tener en cuenta un menor protagonismo en Cataluña. “La energía nuclear está cortando el paso a las energías renovables”, señala Anna Rosa Martínez, delegada en Cataluña de la organización ecologista.

Existen dudas sobre

Los otros dos objetivos que marca el plan de la energía sí podrían llegar a buen fin. La crisis, con su caída de consumo, y la rápida amortización permiten ser optimistas respecto al anhelo de reducir un 20,2% el consumo de energía y un 25,3% las emisiones de dióxido de carbono.

“Teniendo en cuenta que estamos a la cola de Europa en lo que respecta a eficiencia energética, creo que se podría haber sido más ambicioso en reducción del consumo”, señala José Enrique Vázquez, presidente del Grupo de Gestores Energéticos,quien también alerta: “Si no lo conseguimos, no tendremos ni industria ni nada”. Se refiere a la dependencia enegética que sufre España del exterior, que supera el 50% de la demanda, y al incremento del precio del combustible. Su optimismo alcanza también a la reducción de emisiones: “Aunque no cumplamos el objetivo en renovables, si redujéramos el 30% del consumo, podríamos conseguir reducir un 25% las emisiones de gases invernadero”.

Carles Xavier Albà, presidente del Clúster de Eficiencia Energética de Cataluña, sostiene que las pretensiones en eficiencia energética se podrán cumplir porque las empresas “son conscientes de que pueden recuperar en el plazo de cuatro o cinco años la inversión que realicen”. La duda, no obstante, es si el sector privado podrá alcanzar los máximos de inversión que plantea el plan para alcanzar los objetivos de eficiencia energética: 8.000 millones de euros, y que la Generalitat pueda asumir los 540 millones comprometidos para la rehabilitación energética en edificios.