20.000 expedientes sin resolver

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) acumula más de 20.000 expedientes sin resolver vinculados al dominio público hidráulico. Se trata principalmente de solicitudes de concesión de riego, explotación de pozos y otras obras a lo largo de la cuenca que están pendientes en su mayor parte desde hace años y que, como admite el nuevo presidente del organismo, Manuel Romero Ortiz, han provocado una situación de "inseguridad jurídica" entre los miles de usuarios de la cuenca.

El responsable de la confederación no quiere polemizar a la hora de valorar la gestión del Guadalquivir por parte de la Junta de Andalucía, desde enero de 2009 hasta octubre de 2011, cuando las transferencias pasaron de nuevo a la Administración central. Pero el reconocimiento del alto número de expedientes sin resolver no puede ocultar una crítica velada al Gobierno regional. Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente ha defendido que en los últimos dos años se tramitaron una media de 2.050 expedientes y se resolvieron 1.563 cada mes.

En todo caso, el presidente de la CHG anuncia una profunda reorganización interna del organismo para intentar acortar los plazos de respuesta a los regantes, agricultores y usuarios de la cuenca. "Queremos que la confederación sea más eficaz y más ágil y acabar con los retrasos históricos que ahora se dan", indica Romero Ortiz.

Los recortes también llegarán al Plan Hidrológico del Guadalquivir

La intención, añade, es poder dar respuesta en un tiempo máximo de un año, como establece la ley. Este plan conllevará un concurso interno de traslados para cubrir las vacantes en las áreas con mayor déficit de personal como la Comisaría de Aguas, además de reforzar los equipos informáticos.

Mientras tanto, la Confederación del Guadalquivir convocará a mediados de mayo la Comisión de Desembalse para establecer las dotaciones para los regantes, que concentra el 80% de los usos del agua en esta cuenca con más de un millón de hectáreas agrícolas de regadío. La campaña llega en un escenario de "normalidad" en la cuenca, con los pantanos por encima del 73% y agua para dos años de riego y tres para abastecimiento.

Los regantes se atribuyen parte de la responsabilidad de este escenario de bonanza por el ahorro de agua en los últimos años, y ya han advertido que van a pedir que se revisen las concesiones. Feragua, la principal organización de regantes, ha pedido al Ministerio de Medio Ambiente que revise, por ser deficitarias, las dotaciones netas propuestas por la Administración andaluza dentro de los planes hidrológicos del litoral andaluz.

Así para cultivos tan importantes como la fresa, los frutales, los invernaderos, los hortícolas al aire libre, los subtropicales, el olivar, el algodón y el arroz proponen dotaciones netas que se encuentran por debajo de las estimadas por la Agenda de Regadíos para el horizonte 2015 y por debajo de lo recomendado por la Planificación Hidrológica en las cuencas vecinas intercomunitarias como las del Segura, Guadalquivir y Guadiana. "Es un déficit que además de suponer una desventaja competitiva para el regadío del litoral andaluz, puede poner en peligro la viabilidad de muchas explotaciones agrícolas", se advierte desde Feragua.

En mayo se aprobará un riego normalizado para esta campaña

También Asaja-Jaén y la Junta Central de Regantes han pedido a la CHG un riego extraordinario para que los olivareros puedan regar este verano. En concreto, solicitan 50 hectómetros cúbicos, que suponen una media de 1.000 metros cúbicos de agua por hectárea, en el periodo que comprende desde junio hasta el 15 de octubre. "El riego de apoyo del olivar beneficiará a un gran número de regantes que aún no han recibido autorización para que sus derechos de riego invernales pasen a ser anuales, por lo que podrían regar todo el año sin necesidad de riego de apoyo", indica Asaja,

Asaja plantea que los riegos se hagan en fines de semana, exceptuando aquellas zonas con contador volumétrico y suministro eléctrico de tarifa plana, que podrán captar aguas durante toda la semana, y con turnos en los ríos no regulados.

Mientras que la Consejería de Medio Ambiente urge al Gobierno central a agilizar la aprobación del Plan Hidrológico del Guadalquivir, y a hacerlo con consenso; el presidente de la CHG, Manuel Romero Ortiz, ya anuncia que las medidas de ajuste económico del Gobierno afectarán, y mucho, al mencionado plan.

"Hay que revisarlo y adaptarlo a la situación económica actual", subraya Manuel Romero, que confirma que los 4.106 millones de euros de inversión fijados en el proyecto de Plan Hidrológico "se verán mermados considerablemente".

La Administración central está aún contestando las 380 alegaciones que recibió el Plan Hidrológico en el proceso de información pública, que culminó el verano pasado. La intención del Gobierno era la de aprobar el plan antes del final del año pasado, pero el hecho de tener que revisarlo económicamente demorará aún más su llegada. El proyecto de este Plan Hidrológico fijó una inversión de 4.106 millones de euros para adaptar la calidad y el consumo de las aguas de esta cuenca a los niveles exigidos por la Directiva Marco del Agua.

La mayor parte de estas inversiones —1.229 millones de euros— se destinarían a mejorar la eficiencia del regadío agrícola, modernizando conducciones y sistemas de riego. Desde la Confederación del Guadalquivir se apela a la cautela antes de autorizar nuevos riegos. "Desde el mes de febrero ya se vienen autorizando riegos puntuales, con un desembalse de casi siete hectómetros cúbicos", expone Manuel Romero, que hace un llamamiento al consumo moderado y responsable del agua.