Gobierno y Junta blindan la gestión del Guadalquivir durante seis meses

Seis meses. Es el plazo que se han dado el Gobierno central y la Junta de Andalucía para encontrar una solución definitiva sobre las competencias y la gestión del Guadalquivir, que se han quedado en el aire tras la sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló el artículo 51 del Estatuto autonómico. Y seis meses es la duración que tendrá el convenio que las dos administraciones firmarán el lunes por el que el Ministerio de Medio Ambiente encomendará temporalmente a la Junta la gestión de los "recursos y aprovechamientos" de las aguas del río que transcurren por Andalucía.

Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente, y Mar Moreno, consejera de la Presidencia de la Junta, han anunciado que el lunes se firmará ese convenio para encomendar de forma transitoria la gestión, que no las competencias, que ahora estarán en manos del Gobierno central. Lo han hecho después de reunirse en la comisión mixta de transferencias, en la que también participaron el Ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves, y el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo.

La encomienda es la fórmula que se ha buscado para blindar la gestión del río tras el fallo del Constitucional y ante el peligro de caer en un limbo jurídico. El convenio servirá para cubrir legalmente las espaldas de las dos administraciones en los próximos seis meses. Pero, según señaló Moreno, también servirá para blindar los dos últimos años de gestión de la Junta, que recibió las competencias el 1 de enero de 2009. Según la consejera, en la encomienda se dejará claro que "los actos y resoluciones dictados [en estos dos últimos años] no son susceptibles de ser revisados". Se trata de un "dique" frente a las posibles reclamaciones de algún perjudicado durante estos dos últimos años de gestión del río por parte de la Junta. La semana pasada, por ejemplo, la asociación agraria Asaja reclamó a la Junta que, de oficio, devuelva todo el dinero que se ha cobrado desde 2009 en concepto de cánones de regadío y sanciones. Moreno rechazó también esta posibilidad: "Todos los actos han sido válidos y por eso los hemos declarado no revisables". La consejera aseguró que la doctrina del Constitucional está de su parte en este asunto, aunque no descartó la posibilidad de que algún particular opte por acudir a la justicia.

Respecto al futuro más próximo, cuando se apruebe el convenio Andalucía tendrá durante seis meses encomendada la gestión del río. Pero la situación cambiará respecto a los dos últimos años. Las competencias volverán al Gobierno central y será el Ministerio de Medio Ambiente el que tendrá la capacidad para resolver. Por ejemplo, si ha de imponerse una sanción por un vertido, la Junta podrá completar la tramitación solo hasta el momento de elevar una propuesta de sanción. Será el ministerio el que firme e imponga finalmente esa sanción. Lo mismo ocurrirá con las concesiones de aguas para la agricultura.

El convenio que se firmará el lunes sustituirá al real decreto de 17 de octubre de 2008, por el que se transfirieron las competencias sobre el Guadalquivir a la Junta. Este decreto fue recurrido ante el Tribunal Supremo por los gobiernos autónomos de Extremadura y Castilla-La Mancha y por una asociación de ingenieros de Caminos. Esta norma se basaba en el artículo 51 del Estatuto, anulado por el Constitucional. El Supremo recibió la semana pasada la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto, por lo que no tardará en pronunciarse sobre el decreto de transferencias.

Según detallaron fuentes del ministerio de Medio Ambiente, en el convenio que se firmará el lunes también se incluirá una cláusula en previsión de que el Supremo tumbe el decreto de transferencias de 2008, algo bastante probable. La encomienda de gestión quedará abierta para que se puedan incluir las recomendaciones u obligaciones que determine el Supremo, indicaron las mismas fuentes.

Respecto a la solución definitiva que se busque para el Guadalquivir, la salida será compleja, será "un trabajo arduo, complejo y sin precedentes de arquitectura jurídica", según escribió en EL PAÍS el presidente andaluz, José Antonio Griñán. La consejera también insistió en ese asunto en Madrid y recordó que, hasta ahora, no se había anulado en España una competencia transferida que estuviera ya en vigor.

El Gobierno y la Junta acordaron también crear una subcomisión, dentro de la comisión mixta de transferencias, que se encargará de buscar una solución definitiva para el Guadalquivir. Este grupo de trabajo estará formado por seis miembros de la Junta y otros tantos de la Administración central. No estarán representadas el resto de comunidades autónomas por las que transcurren las aguas de la cuenca del Guadalquivir, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. Sin embargo, la ministra de Medio Ambiente aseguró con estas regiones el diálogo será "cotidiano y habitual".

Antes de celebrarse el encuentro entre la Junta y el Gobierno, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pidió que se alcance un "modelo de gestión compartida" en materia de cuencas hidrográficas entre el Gobierno central y las comunidades autónomas implicadas. Se trataría, según señaló Fernández Vara, de una "fórmula cooperativa".