Un agujero negro en el ‘caso Bravo’

El exdirector de la oficina tributaria de Irún entre 1990 y abril de 2004, José María Bravo, se enfrenta a una pena de 24 años y tres meses de cárcel, además de multas por encima de dos millones de euros, por los delitos continuados de malversación de caudales públicos, estafa, usurpación de funciones públicas, blanqueo de capitales, receptación e insolvencia punible. Es el principal imputado del presunto fraude cometido en la Hacienda de Irún. Se le acusa de apropiarse de 1,9 millones y causar un perjuicio a las arcas forales de unos ocho millones. Pero, ¿actuó Bravo en solitario? ¿Contó con algún tipo de cobertura o complicidad en las altas esferas de la Hacienda guipuzcoana?

Iñaki Rica: “A mí nadie de Inspección me dijo nada del expediente irregular”

El pasado miércoles, en la última sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Gipuzkoa por este caso, una subinspectora de Hacienda detalló cómo descubrió en junio de 2006 irregularidades en un expediente que permitió después abrir la investigación del supuesto fraude en la Hacienda de Irún. En calidad de testigo, aseguró ante el tribunal que acto seguido puso en conocimiento de su “inmediato superior”, el jefe de unidad de Inspección, el caso de este contribuyente, Agustín Azpeitia, cuyas deudas figuraban como no pagadas y había sido declarado insolvente pese a que el afectado, “muy alterado” y “enfadado”, juró haber pagado sus deudas en metálico a Bravo.

Estos hechos “nunca, jamás” fueron comunicados a los máximos responsables de la Hacienda guipuzcoana en aquella época, el diputado Juan José Mujika y su número dos, el director de la institución, Iñaki Rica. En esa legislatura, el diputado general era Joxe Joan González de Txabarri. Rica asegura a este periódico que “nadie de la organización interna de la Hacienda foral” le informó de la existencia de ese expediente con irregularidades. “Ni entonces, ni hasta hoy. Nadie”, afirma Rica. Y advierte de que esto mismo lo expondrá, con la misma rotundidad y bajo juramento, ante el tribunal que juzga a Bravo cuando le llame a declarar el próximo 8 de mayo.

¿Dónde y por qué se cortó la cadena de comunicación interna?”

Si ningún responsable de la Inspección hizo saber un hecho “de tanta relevancia” a Rica y a Mujika, “¿dónde se rompió la cadena de comunicación? ¿Por qué se rompió?”, se pregunta el exdirector de Hacienda entre 2003 y 2007.

Mujika y Rica, ambos del PNV, se enteraron del expediente irregular de Azpeitia “por fuera”. Rica narra así los acontecimientos. Poco después de la cita con la subinspectora, Agustín Azpeitia telefonea al diputado Mujika, a quien conoce personalmente por residir ambos en Zumaia. Le explica al detalle su situación: es requerido por la Hacienda para pagar unas deudas antiguas (143.000 euros) que ya había satisfecho entregando 67.800 euros en dos plazos y en mano a Bravo en la oficina de Irún.

Ante la gravedad de esta confidencia, Mujika y Rica abren una investigación secreta sobre estos hechos “con la ayuda de dos personas de la máxima confianza”, sostiene Rica. “No podíamos levantar la liebre porque el bicho estaba dentro”, apostilla. Esas averiguaciones permiten destapar otros “tres o cuatro expedientes irregulares”. Todos habían sido tramitados por Bravo. El diputado y el director de Hacienda piden reunirse con el exdirector de la oficina de Irún, a quien localizan en Extremadura, para pedirle explicaciones. Se citan los tres un viernes, pero vuelven a juntarse el lunes siguiente porque Bravo “pidió tiempo”. “A la vista de que las respuestas [de Bravo] no eran suficientemente convincentes, fuimos a la Fiscalía”, relata Rica. Los dos máximos responsables de la Hacienda se reunieron el 8 de septiembre de 2006 con el fiscal jefe de Gipuzkoa y así arrancó la investigación judicial que ha desembocado el juicio que ahora se ventila.

“A mí la Inspección no me dijo nada sobre el expediente de Azpeitia. Y siendo un hecho tan relevante, me tenía que haber llegado por los cauces internos. En Hacienda había funcionarios que lo conocían, pero nosotros nos enteramos por fuera”, afirma Rica. El entonces subdirector general de Inspección y cabeza de este servicio era Juan Romero, inspector de carrera. Romero está casado con Mertxe Garmendia, exedil del PNV en el Ayuntamiento de San Sebastián y prima carnal de Jon Jauregi, el miembro del GBB que aspiró precisamente a suceder como diputado general a Txabarri —crítico con el líder del PNV en Gipuzkoa, Joseba Egibar—, aunque tuvo que renunciar tras destaparse que no había declarado parte de sus bienes a la Hacienda guipuzcoana. Romero fue destituido como responsable de Inspección en 2007 cuando Pello González, de Hamaikabat, asumió la cartera de Hacienda.