El Estado es la solución

Aunque apenas se recuerde, una crisis como la que padecemos, provocada por décadas de debilitamiento del Estado y desregulación de los mercados financieros, solo se supera fortaleciendo el Estado como salvaguarda de la ciudadanía frente a quienes, desde los mercados financieros, aprovechan esta situación para atender su propio beneficio. El Estado, lejos de ser un problema, es la solución.

Por ello, no es de recibo el recorte anunciado para el sistema público educativo, pues este es uno de los pilares en los que se fundamenta la intervención del Estado en defensa de la ciudadanía. La reducción de más del 22% del presupuesto en Educación, recogida en los Presupuestos Generales del Estado, y el recorte adicional de 3.000 millones de euros presentado por el Gobierno central a las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación, celebrada el pasado 16 de abril, suponen un atentado contra la escuela pública, precisamente ahora, cuando es más necesaria que nunca.

Es la escuela pública el instrumento para conseguir unos trabajadores y trabajadoras con una formación más adecuada, mediante la que se dinamice y se diversifique nuestra economía productiva. Y es la escuela pública la única que garantiza que el acceso a esta formación se lleve a cabo en condiciones de igualdad, al margen del origen socioeconómico de cada alumno.

Las medidas anunciadas por el Ministerio de Educación liquidan la capacidad de la escuela pública para desarrollar estas funciones. La drástica reducción de los programas educativos, el incremento del horario lectivo del profesorado, el salvaje aumento del número de alumnos por aula, la brutal reducción de las sustituciones para cubrir al profesorado que se encuentra de baja, todas estas medidas provocarán una reducción de las plantillas docentes en Andalucía que se estima en unos 20.000 docentes. Esto determinará una degradación irreversible de la calidad del sistema público educativo andaluz. Por no hablar de la liquidación de nuestras universidades, cuestión que se pretende llevar a cabo con la reducción del 62% de su presupuesto que reciben vía Presupuestos Generales del Estado.

Esta reducción de las plantillas docentes hará imposible la atención a la diversidad del alumnado, cuestión capital dada la heterogeneidad del alumnado que se atiende en la escuela pública. Las patronales de la enseñanza privada, por su parte, celebran estas medidas, ya que conllevan un incremento del presupuesto destinado a los conciertos educativos (ayudas económicas para los centros educativos privados) en los Presupuestos Generales del Estado. En plena crisis económica, el Gobierno central degrada la escuela pública e incrementa las ayudas a la privada, entre cuyas preocupaciones no está precisamente la atención a la diversidad.

Por tanto, estas medidas contra la escuela pública van a provocar un insoportable incremento de las desigualdades sociales, pues la escuela pública es una de las pocas instituciones capaces de mantener la cohesión social ante circunstancias tan críticas como las que actualmente padece la ciudadanía andaluza.

Es esta una cuestión de justicia social, de defensa de los intereses de los trabajadores y de la ciudadanía frente a quienes, desde los mercados, están chantajeando a nuestros gobernantes.

En este contexto el recurso interpuesto por el Gobierno de España contra las oposiciones, unas oposiciones cuyos objetivos son la consolidación del empleo existente y una apuesta por mejorar la calidad de la enseñanza pública dotándola de más recursos humanos, pone de manifiesto esta injusticia social y la poca preocupación por la educación pública y su carácter compensador de desigualdades y de equidad.

Es una cuestión, incluso, de salud pública. Si la crisis que padecemos es comparable al crash del 29, sus consecuencias también lo son. El hecho de que, durante los años treinta del siglo pasado, los gobiernos europeos ignoraran cualquier tipo de salida de la crisis en clave social fue lo que provocó la llegada al poder de gobiernos populistas que rompieron el consenso social y provocaron los desastres del siglo pasado. Evitar esto depende en gran medida de la escuela pública.

Desde CC OO no permitiremos la destrucción del sistema público educativo. Por ello, convocamos tanto a la comunidad educativa como a la ciudadanía a la movilización que se realizará el próximo día 29 de abril en todas las capitales de provincia. Movilizaciones en defensa del trabajo, la dignidad y los derechos, y en contra de los recortes en los servicios públicos.

José Blanco es secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO de Andalucía.