Argumentos para rebatir a Mato

La Junta se ha opuesto frontalmente a las medidas adoptadas esta semana por el Ministerio de Sanidad para recortar en 7.000 millones el gasto sanitario. En la mayoría de los casos, la Consejería de Salud asegura que el ahorro que puede generar no compensa su coste social. El Gobierno andaluz, asegura, tiene alternativas que permitirían mayores reducciones de gastos sin perjudicar a los ciudadanos. Estos son los argumentos de Andalucía para rechazar las principales medidas anunciadas por el Gobierno central en materia sanitaria.

» Copago farmacéutico en función de la renta. Es una de las medidas estrellas de las aprobadas esta semana por el Gobierno. Andalucía (como País Vasco y Canarias) se opone porque entiende que supone una bajada de las pensiones (los pensionistas tendrán que pagar medicamentos por primera vez) y un nuevo impuesto a las rentas del trabajo. Además, la Junta asegura que esta fórmula apenas supondrá un ahorro de 1.000 millones de euros para todo el país y 100 para Andalucía, menos de lo estimado para la subasta de fármacos andaluza recurrida por el Gobierno central.

» "Turismo sanitario". La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha asegurado esta semana que hay "verdadero abuso" por parte de turistas que viajan a España solo para utilizar los servicios sanitarios. Además, Mato sostiene que el mecanismo falla cuando llega la hora de recuperar el dinero que ha costado esta atención. Según la referencia del Consejo de Ministros del pasado viernes, el real decreto aprobado por el Gobierno supone que "por primera vez en la historia, se establecen controles para evitar el denominado turismo sanitario y el uso fraudulento por parte de ciudadanos extranjeros de los servicios de salud".

El reparto de los fondos por atender a extranjeros perjudica a Andalucía

La Consejería de Salud, sin embargo, advierte de que lo que fallan no son los controles sino el reparto del dinero entre todas las comunidades. Y ahí sale perdiendo Andalucía, que acoge a más turistas de los que envía (andaluces que viajen al extranjero). En la facturación de servicios a turistas se distingue, por un lado, los ciudadanos europeos que están asegurados en sus países y viajan provistos de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) o los formularios previstos para la aplicación de los reglamentos Comunitarios de Seguridad Social. Cuando acuden a un centro sanitario andaluz, se graban las facturas de los gastos generados por la asistencia y se envían al Instituto Nacional de la Seguridad Social para que las remita a cada país en el modelo reglamentario. Este sistema está regulado a través del Fondo de Cohesión Sanitaria, en el que se compensan entre distintos países los extranjeros atendidos en centros sanitarios españoles y el número de españoles atendidos en centros fuera de nuestras fronteras.

Los servicios sanitarios públicos de Andalucía facturaron en 2011 un total de 73.355 actos médicos a extranjeros que estaban de turismo en Andalucía. Pero el dato más sorprendente es que Andalucía facturó el año pasado por estas atenciones 25.731.879,63 euros, pero solo recibió 19,4 millones de lo facturado en 2010, que superó los 26 millones. Es decir, en el camino se dejó más de cinco millones. La Consejería asegura que este desequilibrio no se debe a que no funcione bien la facturación, como dice el Ministerio, sino a que hay comunidades que no facturan todo lo que debieran y, sobre todo, a que el reparto estatal se hace en función del número de habitantes y no del número de turistas atendidos respecto a los andaluces que acuden a un centro de salud en el extranjero. La demanda de Andalucía desde hace años es que cambie el sistema de compensación para que cada comunidad reciba realmente todo lo que factura.

La atención a los ‘sin papeles’ supone una “mínima parte” del costo

Otro capítulo de la atención a extranjeros es el referido a ciudadanos de otros países que tienen en Andalucía una segunda residencia donde pasan largas temporadas. Estos pagan una parte de impuestos en España que le dan derecho a prestación y, además, se facturan también a sus países determinados servicios. La Junta asegura que en este apartado se recibe el dinero correspondiente, por lo que no cree necesario limitar la atención.

» Inmigrantes regularizados. Los extranjeros regularizados que residen en España son atendidos con cargo a un sistema de compensación regulado en 2006 por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para compensar a las comunidades por dicha asistencia. Esta atención se factura a cada país y, en 2011, Andalucía recibió 88,9 millones de euros por este concepto.

» Inmigrantes no regularizados. Es otra de las espitas que ha abierto esta semana Ana Mato. El decreto ley aprobado por el Gobierno restringe el acceso a la Sanidad a los inmigrantes sin papeles porque, según Ana Mato, muchos hacen un uso "indebido" de los servicios. Hasta ahora, muchas comunidades atendían a los extranjeros si estaban empadronados. Otras, como Andalucía, atienden a todos los inmigrantes aunque no estén empadronados. Para ello, tienen que tramitar el Reconocimiento Temporal de Asistencia sanitaria para extranjeros no regularizados, que desde 1999 hace las veces de tarjeta sanitaria para este colectivo y le da derecho a todos los servicios. Se renueva cada año y en 2011 se emitieron 46.194.

Entre las razones que esgrime el Gobierno para limitar este derecho está el supuesto “abuso” que hacen los inmigrantes de la atención sanitaria. La Junta insiste en que sus datos reflejan que la atención a los inmigrantes no regularizados supone "una mínima parte del total" de las asistencias sanitarias de atención primaria (el 0,69% en 2008, cuando la inmigración estaba en sus cifras más altas).

En los hospitales, los sin papeles supusieron ese año el 1,04% de las consultas externas, el 2,5% de las urgencias y el 2,78% de los ingresos.

» Central de compras. El Gobierno central ha recuperado una medida que ya intentó impulsar el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero consistente en que todas las comunidades unan sus compras de productos sanitarios, vacunas o tecnología para así conseguir rebajas que, según el Ministerio, podrán oscilar entre el 15% y el 50%. Andalucía ya rechazó formar parte de la central propuesta por el Gobierno del PSOE y ha avanzado que, en principio, tampoco va a participar en esta, aunque deja la puerta abierta para sumarse en momentos puntuales. La razón que esgrime el Gobierno andaluz es que el Servicio Andaluz de Salud ya puso en marcha en 2010 plataformas provinciales de compras con los que se han ahorrado 100 millones de euros al año sobre el gasto previsto sin este mecanismo. La consejería cree que esta medida está resultando crucial para romper la tendencia creciente de gasto que había hasta 2008, cuando esta partida creció el 10,11%. El año pasado, el gasto decreció el 3,34%.