La revisión de la RMI costó 92.000 euros

La polémica revisión del programa de la renta mínima de inserción (RMI), llevada a cabo por la Generalitat de Cataluña durante el segundo semestre del año pasado costó 92.038 euros. La cifra la ha facilitado el consejero de Empresa y Ocupación, Francesc Xavier Mena, respondiendo a una pregunta parlamentaria del grupo ICV y que publica este martes el Diario Oficial del Parlament. El proceso de revisión supuso la cancelación de 4.521 expedientes.

En plenas vacaciones y sin previo aviso, la Generalitat decidió emprender una revisión a gran escala de los más de 30.000 casos de personas que cobraban esta prestación, de un mínimo de 423 euros, que supone el último eslabón de las ayudas sociales para evitar que las familias caigan en la exclusión social. El problema es que la revisión se hizo de una forma peculiar: dejando de pagar la ayuda con la transferencia habitual y enviando un cheque al domicilio. El caos y los errores en las bases de datos utilizadas por la Generalitat, además de que el cambio se hizo durante el periodo vacacional, dejó a 6.000 personas se quedaron sin cobrar.

Posteriormente, el Departamento de Empresa inició la revisión de todos los expedientes, algo que de forma periódica ya realizan los servicios sociales de los Ayuntamientos. La Generalitat optó por contratar a la empresa de trabajo temporal (ETT) Randstad para entrevistar a hasta 20.000 beneficiarios, proceso que se alargó hasta casi finales de año. Empresa ha pagado 92.038 euros por estos servicios. Según detalla el consejero Mena, la factura se divide en dos conceptos. Por una parte, 70.800 euros por realizar “la evaluación y valoración de perceptores de la RMI con objeto de incrementar su empleabilidad”. A esto hay que sumar unos 21.200 euros por el “diseño de una metodología para optimizar una muestra de perceptores de la RMI por su ocupabilidad”.

La revisión de la RMI supuso la cancelación de 4.521 expedientes, el 14% de los casi 32.000 beneficiarios. El principal motivo que generó la suspensión era que el titular de la ayuda había salido del país sin comunicarlo a los servicios sociales (el 33% de los casos, unas 1.500 personas ), mientras que el 24,35% (unos 1.100) no fueron localizados por la Generalitat, el 21,12% tenían unos ingresos superiores a lo estipulado por la ley, el 11,5% no colaboraron en el proceso de control y el 9,6% no dedicaban la prestación a su subsistencia.

El año 2011 se cerró con un total de 24.765 expedientes activos al sumarse esta cancelación a otras bajas por el cambio de situación personal de los beneficiarios. En diciembre de 2010, los beneficiarios eran 30.284.