Bravo alega indefensión y pide anular el juicio del fraude en la Hacienda de Irún

El exdirector de la Hacienda de Irún José María Bravo se sentó ayer, aparentemente tranquilo, en el banquillo de los acusados, pero no tuvo que responder de las graves denuncias que pesan sobre él. Su abogado reclamó al inicio del juicio la nulidad del proceso al entender que durante la instrucción se vulneraron derechos fundamentales de su cliente, entre otras irregularidades. El tribunal encargado de juzgar el caso decidió aplazar durante dos días, hasta mañana, la apertura de la vista oral para analizar las cuestiones previas planteadas por la defensa y adoptar una resolución al respecto.

La Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa tenía previsto abrir el juicio con la declaración de Bravo, para quien la Fiscalía solicita 24 años y tres meses de cárcel, y de los otros dos inculpados, su esposa Rosa Cobos, y Pedro Atristain, socio del primero. No se escucharon las palabras de ninguno de los tres acusados porque en el trámite de las cuestiones previas los abogados de Bravo y Cobos adujeron que la instrucción de la causa estaba “viciado de nulidad” por haberse vulnerado el derecho a la defensa de sus patrocinados. Tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejercen las Juntas Generales y la Diputación de Gipuzkoa solicitaron la desestimación de todas las alegaciones al entender que el procedimiento se siguió, según coincidieron, respetando todas las garantías de los imputados. Tras escuchar a las partes, el presidente del tribunal, Iñaki Subijana, anunció que dictará un auto para resolver esta cuestión.

Bravo figura en la causa como el principal imputado de una trama que se dedicaba a reclamar el pago de deudas a decenas contribuyentes morosos. Las cantidades que abonaban estas personas no eran ingresadas en la Hacienda foral, sino que, con la única pretensión de obtener un enriquecimiento personal ilícito, pasaban a engrosar las cuentas de los acusados. Por estos hechos, contenidos en 37 expedientes, el exdelegado de la Hacienda de Irún podría haberse apropiado de 1,9 millones de euros y causar un perjuicio al erario público de unos ocho millones.

El abogado del principal acusado aduce vulneración de derechos

El abogado de Bravo, Jesús Urraza, enumeró ante el tribunal una decena de cuestiones para sostener que hubo irregularidades formales en la investigación del fraude en la Hacienda de Irún. Entre estas, reprochó la actuación de la Hacienda foral por abrir un expediente disciplinario para analizar todos los expedientes tramitados por Bravo. El letrado fue especialmente crítico con la intervención del Ministerio Público porque durante la investigación se extralimitó en sus funciones y se erigió en “sustituto de la labor instructora del juzgado”. Urraza aseguró que la Fiscalía ordenó practicar diligencias informativas sin el consentimiento del principal acusado antes de su detención para prestar declaración ante el juez.

También pidió la nulidad del procedimiento porque la Fiscalía ordenó revisar todos los expedientes en los que intervino Bravo, yendo “más allá de los hechos objeto de la denuncia”, que partió del testimonio de dos de los contribuyentes a los que se dio por anuladas sus deudas con el fisco. La defensa del principal inculpado reclamó asimismo que parte de los hechos imputados a su defendido están prescritos.

La abogada de Rosa Cobos, Mari Cruz López Gascón, se adhirió a las mismas razones expuestas por Urraza para pedir la nulidad del proceso. Invocó la vulneración del principio acusatorio de su clienta porque “en ningún momento” se le comunicó que estaba imputada por un delito de malversación de caudales públicos, como finalmente figura en esta caso. Por su parte, Pedro Lasagabaster, abogado de Pedro Atristain, no presentó cuestión previa alguna.

El fiscal del caso, Javier Larraya, aseguró que la actuación del Ministerio Público estuvo en todo momento “justificada y ajustada a la legalidad”, y recordó que esta institución está habilitada para investigar todos los hechos objetos de delito, como ha sucedido en esta causa con el análisis de todos los expedientes en los que se hallaron indicios delictivos. El fiscal negó que se diera una indefensión del principal acusado durante las diligencias informativas, y aseguró que para los delitos continuados no cabe alegar la prescripción de los mismos.

La acusación particular, que ejerce Miguel Alonso Belza en nombre de la Diputación y las Juntas, se opuso a anular el procedimiento porque no se ha dado una vulneración del derecho de defensa de los acusados durante la fase de las diligencias previas ni en la instrucción.