La caída de su hermano, el senador

El inicio de la vista oral viene precedido de más cinco años de instrucción por parte de un juzgado de Irún, que ha dejado en manos del tribunal de la Audiencia encargado del caso un dossier formado por 45 tomos que suman 12.160 folios. Rosa Cobos se enfrenta a una pena de diez años y un mes de cárcel por malversación, receptación e insolvencia punible. Para el tercer acusado, Pedro María Atristain, se reclama una condena de un año y medio por receptación.

“Les ha salido el tiro por la culata”. Es la sensación que sobrevuela en el entorno de las partes personadas en el presunto fraude, informa Andoni Orrantia. “Lo que empezó gestándose como un intento de pactar la pena y evitar un juicio público se ha convertido desde hoy en algo que nadie sabe qué dimensiones va a adquirir y hasta cuándo”, añaden.

“Les ha salido el tiro por la culata”, en relación al fallido pacto

Por delante varias incógnitas. La primera, saber cómo quedará de tocado Bravo en el arranque del juicio. “Va a pasar de admitir una serie de responsabilidades en un posible pacto a defender su inocencia en parte de los hechos", apuntas fuentes conocedoras del caso. La segunda: el riesgo en el que su maniobra ha puesto a su mujer, a la que exculpará de cualquier acusación. Tercera: con qué condena saldrá del juicio y qué hechos de los que se le acusa se podrán probar. Hasta las acusaciones temen que durante el juicio nadie pueda demostrar que Bravo se quedó presuntamente con las cantidades que aparecen en los 37 expedientes investigados. Y cuarta y última, cuánto más se alargará el proceso con el previsible recurso que con sentencia en la mano, interpondrán los acusados.

El tribunal también cita como acusados a la esposa de José María Bravo, Rosa Cobos, y a Pedro María Atristain. Durante tres días, tomará declaración a los tres acusados y posteriormente comparecerán más de 80 personas.

Este caso acabó con la carrera política de Víctor Bravo, hermano del acusado. El director de la Hacienda guipuzcoana entre 1991 y 2003 se vio forzado a dimitir como senador del PNV cuando su hermano fue procesado. Más tarde, Víctor Bravo fue declarado, sin embargo, máximo responsable político, junto al PNV, de este escándalo. Así figura en las conclusiones que acordó por unanimidad la comisión de investigación de las Juntas de Gipuzkoa.