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Fabra plantea rescatar el impuesto sobre el patrimonio desde 2013

El Consell apenas ahorra 71 millones en los dos primeros meses de racionalización del gasto

La Generalitat fía el pago de los próximos vencimientos de deuda a “la ayuda del Estado”

José Ciscar, vicepresidente del Consell, e Isabel Bonig, consejera de Infraestructuras.
José Ciscar, vicepresidente del Consell, e Isabel Bonig, consejera de Infraestructuras.

La complejidad de la situación financiera que atraviesa la Generalitat valenciana llevó ayer a Alberto Fabra, presidente de la Generalitat, a plantear la posibilidad de recuperar el tramo autonómico del impuesto sobre el patrimonio a partir de 2013. “Estamos en unos momentos muy cambiantes y las necesidades económicas que pueda tener la Generalitat pueden hacer replantearse esa situación”, comentó Fabra durante su visita las obras que se desarrollan en la Ciudad Administrativa Nou d’Octubre. “Pero eso sería para el año que viene”, aclaró, “este año ya hemos dicho que la bonificación sería del 99% y el año que viene, dependerá de las circunstancias”.

El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero suprimió el impuesto sobre el patrimonio en el tramo general del impuesto sobre la renta en 2008. Muchas comunidades autónomas se adhirieron a la medida, pero no todas. Y las tornas han cambiado radicalmente desde entonces.

“Estamos en unos momentos muy cambiantes y las necesidades económicas que pueda tener la Generalitat pueden hacer replantearse esa situación”, justificó el presidente de la Generalitat.

Los directivos de las empresas públicas cobrarán un máximo de 55.000 euros

Las necesidades económicas en cuestión resultan ser millonarias. José Ciscar, vicepresidente y portavoz del Consell, explicó que las medidas de racionalización del gasto público adoptadas en enero y vinculadas al ajuste de 1.057 millones de euros de gasto público de la Generalitat, se han traducido, en los dos primeros meses de 2012, en un ahorro de 67,4 millones de euros. Actuaciones adicionales desarrolladas por los distintos departamentos del Gobierno valenciano han permitido elevar ese ahorro hasta los 71,5 millones de euros. En cualquier caso, a mucha distancia de las cantidades requeridas para alcanzar los objetivos previstos por el Consell a principios de año.

La Generalitat podría ingresar algo más de 100 millones de euros si recupera el impuesto sobre el patrimonio en el tramo autonómico, pero siempre a partir de 2013. Este ejercicio, los planes de racionalización del gasto estimaban unos ingresos adicionales de 238 millones de euros asociados a tasas e impuestos, pero el portavoz de Consell, José Ciscar, evitó abordar la evolución de esos ingresos.

También concedió que el grueso del ajuste de gastos todavía está por llegar. El Gobierno central exigirá recortes adicionales a todas las comunidades autónomas que recurran al crédito de 35.000 millones de euros que canalizará el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y que deberán concretarse el 30 de abril. “No hay opción”, se limitó a comentar Ciscar, “vivimos unos momentos de muchísima dificultad”.

La gravedad de la situación se dispara a la vista de los vencimientos de deuda que tendrá que afrontar la Generalitat antes de finales de mayo y que superan en conjunto los 2.500 millones de euros. Pero Ciscar fio sin titubear la solución de ese problema al Estado. “Afrontamos los vencimientos desde la tranquilidad más absoluta, el Estado está ahí para ayudas a las comunidades autónomas”, comentó.

El Consell recorta un 60% el salario de la intendente del Palau de les Arts

La posibilidad de que el Estado emita como propia deuda pública que las comunidades autónomas no logran colocar en los mercados a través de los denominados hispabonos sólo será factible una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado, cuya tramitación puede prolongarse hasta junio. Pero el portavoz del Consell recordó que del mismo modo que “el Estado anticipó 1.022 millones de euros a la Generalitat en enero” para afrontar vencimientos que desbordaban la capacidad de las arcas autonómicas, los próximos y millonarios vencimientos se resolverán de una u otra forma con auxilio exterior.

En el ámbito estrictamente autonómico, el Consell intenta arañar de aquí y allá y ahora pone en marcha la homologación de los salarios de los directivos de todas las empresas y entidades públicas con los de los directores generales, otra medida prevista en el decreto de racionalización aprobado en enero y cuya aplicación supondrá un ahorro de 360.000 euros. Ningún ejecutivo del sector público cobrará más de 55.400 euros al año a partir de abril, con dos excepciones. “La intendente del Palau de les Arts [Helga Schmidt] cobrará 68.000 euros al año, lo que representa un recorte del 60% sobre su salario actual; y [José Manuel Badenas] el rector de la VIU (Valencia International University) 57.600, con un recorte del 23%”, explicó Ciscar. Solo 24 de los 60 directores afectados por las medidas han tenido que ajustar sus salarios. “Tenemos los salarios más bajos entre todas las comunidades autónomas”, concluyó, “queremos ser la Administración más austera y más eficiente”.

La nueva ley urbanística refundirá cinco

Isabel Bonig, consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, anunció ayer una auténtica “reforma legislativa” en materia de ordenación del territorio y urbanismo para refundir en un único texto cinco leyes vigentes en la actualidad. La reforma pretende “agilizar” la gestión urbanística en defensa de los ciudadanos y ofrecer una redacción “flexible, clara y que garantice la seguridad jurídica”.

Bonig concedió que el exceso de normas vigentes en la actualidad “complica” la gestión del territorio. Actualmente están en vigor la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, la Ley Urbanística Valenciana, la Ley de Suelo no Urbanizable, la Ley del Golf y el decreto ley de Actuaciones Territoriales Estratégicas.

La consejera explicó que la futura norma “deberá permitir acortar los tiempos de elaboración de los planes, evitando estrangulamientos burocráticos que afectan a las decisiones de inversión y al interés ciudadano en su formulación”. Como botón de muestra, Bonig recordó que la modificación del plan general de un Ayuntamiento se puede demorar en la actualidad “entre ocho y diez años”. El objetivo de la nueva norma es que se pueda tramitar en “dos años”.

El texto evitará colisiones y malentendidos derivados de la aprobación de dos leyes de ámbito estatal de 2006 y 2008. También mantiene la figura del agente urbanizador, que Bonig consideró “revitalizada” por los tribunales europeos. El Tribunal de Luxemburgo se limitó a sentenciar en mayo pasado que los contratos entre los Ayuntamientos y los agentes que urbanizan los Planes de Actuación Integrada (PAI) no deben someterse a las restricciones propias de los contratos públicos.

Bonig garantizó que abordará la redacción de la norma con todas las partes afectadas y confirmó que se mantendrán en vigor las prórrogas para desarrollar los PAI que fueron definitivamente aprobados cuando estalló la crisis inmobiliaria.

La consejera apuntó que, a petición del sector promotor, la consejería ya autoriza el desarrollo por fases de las promociones inmobiliarias que han superado todos los trámites. “No tiene ningún sentido obligar a un promotor a poner en marcha las 4.000 viviendas que prevén algunos PAI en el momento actual”, dijo la consejera.

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