El juez imputa a dos altos cargos de las depuradoras de la Generalitat

El juez Vicente Ríos que investiga el saqueo de Emarsa, la sociedad que depuraba el agua de Valencia, elevó ayer la implicación de cargos públicos a la Generalitat. El instructor dictó la imputación de José Juan Morenilla, que fue hasta 2010 gerente de Epsar, la empresa del Gobierno autonómico responsable de financiar y vigilar a las depuradoras valencianas. Y de Ignacio Bernácer, que sigue siendo director de explotación de la misma. Su imputación fue solicitada inicialmente por los socialistas, petición a la que se sumó la fiscalía y el resto de acusaciones. En un ejemplo de las dificultades a las que se enfrenta el Consell por el continuo avance de causas judiciales ligadas a la corrupción, la imputación de Bernácer fue solicitada por el mismo abogado de la Generalitat. Es decir, por la Administración que sigue pagándole la nómina y que ayer no anunció medidas al respecto.

El juez basa su decisión en dos elementos. De un lado, Morenilla y Bernácer formaron parte de la comisión que estableció año tras año el precio que Emarsa debía pagar por el tratamiento de lodos. Éste alcanzó los 46 euros por tonelada de fango cuando, según ha desvelado la investigación, el coste real era de solo 18 euros. Para inflar el precio se utilizaba a una empresa intermedia. “La empresa encargada de gestionar los lodos”, señala el juez en su auto reproduciendo los argumentos de la fiscal, “era Adobs Organics, y la empresa encargada de facturar a Emarsa, sin realizar más función que la de intermediación fue Etwas Eigenlich”. Esa limitada actividad le permitía, sin embargo, doblar el precio.

La información era remitida semestralmente a la Consejería de Medio Ambiente de la que depende Epsar. Y la fiscal considera por ello que “no es posible creer que los responsables de Epsar no tuviesen conocimiento de que las empresas que facturaban a Emarsa por la gestión de lodos no eran las que realizaban el servicio realmente”.

Tanto Etwas como todo un abanico de empresas que la sucedieron en dicha función de mera intermediación eran de Jorge Ignacio Roca, imputado en la causa y huido de la justicia. Todas ellas “aparecen en Emarsa como por arte de magia, desaparecen de la misma manera y la única huella que dejan es la facturación de 16,9 millones de euros \[a Emarsa\] por un servicio que no han prestado”, continúa el juez en línea con la fiscal.

La sospecha de adónde fue a parar ese exorbitante sobrecoste es el segundo motivo que ha llevado al instructor a ampliar la investigación a Morenilla y Bernácer. Dos imputados declararon ante el juez que los dos directivos recibían cada mes una parte del dinero que el empresario de lodos entregaba a los responsables de Emarsa, y que habría alcanzado los 180.000 euros mensuales. Al principio, afirmaron estos dos imputados, Enrique Arnal y Sebastián García, Roca entregaba el dinero en cajas de cartón y más adelante a través de tarjetas de crédito a nombre de sus empresas que los imputados sacaban en cajeros.

Los otros dos beneficiarios habrían sido Enrique Crespo, dimitido vicepresidente de la Diputación de Valencia, y Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa. Cuesta corroboró en parte dicha versión al declarar que extrajo 60.000 euros con las tarjetas de Roca y le entregó la mitad a Morenilla “en su oficina o en algunas cafeterías de Valencia”.

El portavoz socialista en la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, Ramón Marí, consideró ayer “una prueba de la implicación del PP” en el caso el hecho de que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra mantenga en su puesto a Bernácer “a pesar de los numerosos indicios” que existen contra él.