Fabra insiste en que habrá más “ajustes” sanitarios sin decir cómo

La incógnita sobre cómo piensa el Gobierno central recortar en 10.000 millones el gasto sanitario y educativo persiste, e incluso aumenta, tras las declaraciones de los barones autonómicos. El presidente valenciano Alberto Fabra no dio el martes ni una sola pista de por dónde irán los ajustes ni en qué afectarán al ciudadano. Tras reunirse en Madrid con el ministro de Economía, Luis de Guindos, Fabra se limitó a repetir que habrá que “hacer más ajustes para reducir el nivel de gasto sanitario, porque no nos lo podemos permitir porque no tenemos dinero”. Tras esta declaración, el presidente de la Generalitat apuntó la conveniencia de “ser más austeros y hacer ajustes para eliminar lo superfluo”.

Fabra apuntó que las medidas que propondrá el Gobierno de Rajoy a las autonomías irán en el sentido de “estirar las posibilidades y ajustar cambios”. Todo ello trufado con “la necesidad de llevar a cabo una cuestión pedagógica de explicar a los ciudadanos que hay que ser eficientes”.

La Generalitat nunca ha abanderado el copago y defendió su tesis en Madrid, durante la firma de un convenio con el ministerio para integrar las oficinas en el exterior del Instituto Valenciano de Exportación (Ivex) con las del Instituto de Comercio Exterior (Icex). El objetivo: “Optimizar recursos” y ahorrar un millón de euros al Consell, al evitar duplicidades a la hora de “potenciar la marca España”.

Puig: "La Comunidad Valenciana no puede sufrir más recortes"

La filosofía se enmarca dentro de lo que Fabra ha acuñado como “hacer más con menos”. Pero sin acercarse al modelo catalán, de cobrar un euro por receta. “Hay muchas otras cuestiones que se pueden plantear al margen del copago, como el ser mucho más eficiente” o el establecer “una cartera de servicios básicos que suponga que todas las comunidades ofrezcamos lo mismo”.

Esta última idea no ha surgido precisamente de la Generalitat sino de la ministra de Sanidad, Ana Mato. Mato trabaja en diferentes comisiones para llevar a cabo la propuesta al Consejo Interterritorial antes de final de mes. La prioridad es la de unificar las prestaciones de la sanidad pública en cada comunidad y dejar fuera algunos servicios, como operaciones de cirugía estética en comunidades donde sí se cubren.

La Generalitat apuesta por la “central de compras” y por ampliar las posibilidades legales del actual Fondo de Cohesión Sanitaria para que se hagan efectivos los acuerdos de traslación de fondos entre comunidades autónomas que hayan atendido a pacientes de otras. La Generalitat gastó en 2009 unos 164 millones por este concepto.

Sanz pide un pleno de las Cortes para conocer el "impacto" del ajuste

El consejero de Sanidad valenciano, Luis Rosado, se decanta por un “registro” de desplazados que permita, sin necesidad de aumentar el dinero del Fondo de Cohesión Sanitaria (100 millones), un trasvase entre la autonomía de origen a la de destino por ciudadano asistido. Rosado se limitó a corroborar que no se sabe de dónde saldrán los recortes: “No sabemos nadie qué se quiere hacer. Yo de momento no sé las medidas que a nivel nacional se van a poner, por lo que no sé si habrá que hacer reformas legislativas”. Lo único que recalcó es el mensaje oficial de que “habrá que introducir elementos para ajustar el gasto sanitario al presupuesto, que ahora es de 5.400 millones”.

El secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, advirtió de que “la Comunidad no puede sufrir más recortes” y lamentó “la situación a la que nos ha llevado la Generalitat en los últimos años”, con el desmantelamiento de centros de investigación como el Príncipe Felipe sometido a un ERE o la deuda de 58 millones contraída con el Instituto Valenciano de Oncología (IVO).

Compromís criticó el “silencio” del presidente ante unos “recortes que atacan el bienestar y afectan a servicios básicos”. Marga Sanz, de Esquerra Unida, pidió la comparecencia en las Cortes de Fabra para que aclare el “impacto” de los recortes.