El Consell prepara el cierre de la empresa pública Ciegsa

El Gobierno valenciano prepara la liquidación de la empresa pública Ciegsa, la firma de la Generalitat que se encarga de construir los centros educativos públicos. Ayer, el Consell aprobó una nueva ampliación de capital de Ciegsa para enjugar pérdidas y preparar un cierre que se producirá, previsiblemente, antes del verano.

La situación de Ciegsa, empresa pública creada en el año 2000 por el Consell de Eduardo Zaplana, es una de las más insostenibles. Dirigida actualmente por José Luis López Guardiola -esposo de una farmacéutica socia de la mujer de Francisco Camps-, Ciegsa cuenta con una plantilla de 95 trabajadores y acumula una deuda que a finales de 2010 superaba los 2.517 millones de euros.

Con una gestión trufada de numerosas irregularidades en los últimos años, muchas de ellas puestas de manifiesto en las auditorías de la Sindicatura de Comptes, Ciegsa cerró 2010 con unas pérdidas de 55 millones de euros, un 9,1% más que en el ejercicio anterior.

Las dificultades financieras de Ciegsa se han arrastrado desde entonces. En 2010 la firma tuvo que pagar un millón de euros en concepto de intereses por el aplazamiento de los pagos a las constructoras que tenía contratadas. Mientras, el ritmo de construcción de nuevos centros ha ido reduciéndose paulatinamente.La Consejería de Educación ya cuenta en el presupuesto de 2012 con una cifra de 95 millones de euros para inversiones en nuevos centros y otros 30 para afrontar gastos de mejora o reparación. De hecho, los funcionarios de Educación han vuelto a recuperar la carga de trabajo que perdieron a partir del año 2000 cuando se externalizaron sus labores a la empresa pública Ciegsa.

Otra de las empresas públicas que tiene la suerte echada es el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa), que arrastra unos problemas de endeudamiento y falta de liquidez importantes. En 2010 cerró el ejercicio con unas pérdidas de casi 23,5 millones de euros. Como en el caso de Ciegsa se pretende que la gestión retorne a la Consejería de Territorio, toda vez que el sector de la construcción ha sufrido un desplome de actividad.

Los planes de reconversión, que podrían implicar también la presentación de algún expediente de regulación de empleo como ha sucedido en Ràdio Televisió Valenciana, están dentro del proceso de reestructuración de sector público valenciano en el que Enrique Verdeguer ha puesto las líneas maestras.

El exconsejero de Economía ya anunció que su intención es que el sector público valenciano, en el que hay unas 46 empresas quede reducido a solo media docena, que mediante la fórmula de holding podrían dar cobertura a las actividades que ahora desarrollan por su cuenta cada una de las firmas.

En este contexto, el Consell aprobó ayer la creación de una central de compras (la Consejería de Sanidad ya la tiene para los hospitales y centros de salud) con la que pretende reducir el gasto del capítulo dos.

El vicepresidente del Consell, José Ciscar, explicó que un cálculo conservador prevé un ahorro del gasto en suministros y servicios del 15% respecto al consumo actual. Es decir, que cuando a finales de año la central de compras esté plenamente en funcionamiento el ahorro será de 88,6 millones de euros. Actualmente la Generalitat gasta, según manifestó el vicepresidente, 590,9 millones de euros anuales en servicios y suministros.

A la central de compras tendrán que adherirse obligatoriamente todas las consejerías, empresas y organismos autónomos de la Generalitat y podrán hacerlo voluntariamente las universidades y los Ayuntamientos si así lo desean. Ciscar argumentó que el objetivo es racionalizar la contratación, obtener mejores precios, controlar el gasto, mejorar la eficiencia de los recursos y ahorrar gracias a las economías de escala.

Ciscar destacó que de esta manera se ejercerá un control "absoluto y total" porque todas las compras se centralizarán en un único órgano y no se podrá gastar más de lo contratado en los pliegos de condiciones. En este sentido, el vicepresidente aseguró que el Consell no tiene ningún problema en que le controlen el gasto desde el Gobierno.