La tierra donde no crece el trigo

José Manuel Casais, presidente de la cooperativa de agricultura ecológica Rainha Lupa, asentada frente a la costa de Quilmas (Carnota), mostraba a su salida del juzgado de instrucción número 1 de Muros las fotos de una finca en la que debería crecer el trigo y no solamente unas pequeñas hierbas muy resistentes ante altas concentraciones de sal. La parcela, hoy improductiva, a barbecho, toca con la piscifactoría de la empresa noruega Stolt Sea Farm, un criadero de rodaballo al que los cooperativistas miran con más que simple recelo: hace tres años, los agricultores denunciaron a la factoría por contaminar, presuntamente, sus tierras de labranza y quemar los cultivos con las filtraciones de metales pesados procedentes de la planta. La demanda quedó archivada entonces por falta de pruebas, hasta que a principios de este mes, investigadores de la Universidade de A Coruña concluyeron que las tierras vecinas a Stolt Sea Farm presentaban 11 veces más salinidad que las más alejadas y entre cinco y 13 veces más concentración de metales pesados. El terreno, según el informe de la Universidade, “no es apto para la producción de alimentos saludables”.

 Esta nueva vuelta de tuerca en la difícil relación que la factoría mantiene con sus vecinos agricultores llevó ayer a los juzgados a Pablo García, el director general de Stolt Sea Farm, llamado a declarar como imputado por el caso, reabierto a la luz del estudio universitario. A la vista también acudió una cooperativista de Rainha Lupa que declaró haber percibido de Stolt Sea Farm durante dos años “una indemnización en metálico”, con el que la empresa intentaba compensar los daños en la producción de la finca. Según el abogado de los denunciantes, Pedro Trepart, la afirmación de la agricultora supone un reconocimiento por parte de los directivos del criadero del riesgo contaminante de la planta. Pero tanto García en su declaración como Luis Toro, responsable de las instalaciones, niegan que tales pagos se hayan realizado “porque la contaminación por materiales pesados es absolutamente imposible”.

Justo detrás de la piscifactoría se levantan los 627 metros de altura del Monte Pindo, uno de los parajes naturales más privilegiados de la Costa da Morte, y frente a la planta, que la firma noruega adquirió en 1996, rompen las olas de la playa de Corna Becerra, parte de Rede Natura. En la foto que muestra Casais, la parte central de la finca afectada, una parcela pegada a las naves sobre las que se agitan las gaviotas, es un manchón oscuro. Es la misma superficie donde los análisis han detectado la presencia anormal de metales pesados y donde, según los denunciantes, van a parar las filtraciones que se escapan por las fisuras de los tanques.

Una parte de la finca afectada es un manchón oscuro, improductivo

La explicación de la empresa no convence a los cooperativistas: la dirección alega que el vertido no es más que agua que cae durante el cambio de los peces de unos estanques a otros; los agricultores insisten en que es la “concentración por decantación prolongada de residuos industriales” —como aceites usados, piensos o abonos, enumeran— la que está quemando la tierra. Hasta 2008, Stolt Sea Farm funcionó sin autorización de vertidos, una práctica habitual de las piscifactorías hasta fechas muy recientes. Si los agrilcutores consiguen probar que los datos del informe de la Universidad tienen que ver con el funcionamiento de la planta sería la primera vez que se demuestra el efecto contaminante de las piscifactorías sobre la tierras cercanas.