Una derrota judicial compromete a Boadilla del Monte el equivalente a más del 10% de sus presupuestos

Boadilla del Monte, el tercer municipio de España con mayor renta media por habitante según el INE, tiene que pagar más de 8,5 millones de euros a un complejo deportivo que opera con una concesión pública. Es aproximadamente un 10% de sus presupuestos para 2025. Una sentencia emitida por El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.° 21 de Madrid en 2018, a la que ha accedido EL PAÍS, reconoció que la empresa perjudicada tiene derecho a un “reequilibrio económico” después de que se abrieran varios centros deportivos municipales con tarifas mucho más bajas, ya que eso hizo inviable la rentabilidad del privado. El gobierno municipal (PP) no presentó alegaciones ante esa decisión. En abril de 2024, un juez ordenó al Ayuntamiento a ejecutar lo dictado a través de un auto judicial, al que también ha accedido este periódico.

Hasta la fecha, el proceso sigue abierto porque las partes no se ponen de acuerdo en algunos matices de la cantidad total a pagar. El mínimo que tendría que desembolsar el Ayuntamiento a la empresa es 8,5 millones de euros, según las cuentas que ha hecho el PSOE y que encajan con las que ha realizado este diario. Boadilla del Monte tiene 83 millones de euros presupuestados para 2025, por lo que el desembolso que está obligado a hacer supone, al menos, un 10% del dinero que el municipio planea gastar a lo largo del año. El Gobierno municipal relativiza el problema: “En ningún escenario la ejecución presupuestaria se vería afectada por esta reclamación, una vez que tenemos remanente de tesorería suficiente para afrontar situaciones inesperadas”.

El conflicto comenzó en 2012 con la apertura del polideportivo municipal Felipe VI, que ofrecía precios mucho más bajos que los de la empresa privada, que opera mediante una adjudicación municipal desde 2008. Muchos usuarios se cambiaron al centro del Ayuntamiento para pagar menos. En un principio, la empresa perjudicada propuso renunciar a la adjudicación y ser compensada con 72.000 euros por la fianza de la concesión, pero el Consistorio renunció a la oferta y optó por dar la batalla a través de la vía judicial. El fallo dictó que el Gobierno municipal debía hacerse cargo del “reequilibro económico-financiero” de la concesión. Es decir, compensar a la empresa por las perdidas económicas que le había provocado. El ayuntamiento tuvo 15 días para apelar la decisión del juez, pero no lo hizo.

“Asumimos [la sentencia] en sus estrictos términos y esos términos no señalan en modo alguno que haya que pagar 8 millones de euros”, indica un portavoz del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. “La sentencia no cobija ninguna cifra concreta a pagar”. Sin embargo, lo que el auto posterior deja claro es que el ayuntamiento tendrá que pagar la mitad de la tarifa de cada usuario del centro deportivo Republic Space desde septiembre de 2015, mes en el que se abrió el proceso judicial, hasta ahora: “ALWAIS TENIS & PADEL SL cobrará en cada momento a los usuarios del centro deportivo [...] las mismas tarifas que tenga fijadas el Ayuntamiento de Boadilla para las mismas actividades en las instalaciones municipales. El Consistorio compensará a ALWAIS TENIS & PADEL SL la diferencia entre los ingresos generados por la concesionaria”.

Tras hacer la cuenta, solo con la diferencia entre los precios de los gimnasios municipales y el de la empresa concesionaria, el ayuntamiento tendría que pagar, al menos, 8,5 millones de euros. A eso hay que añadirle los abonos de las piscinas y de los alquileres de pistas de pádel que, aunque el Consistorio no asume que sean comparables entre los centros públicos y privados, el auto de ejecución deja claro que la diferencia de precios en estas actividades también computan a la hora de hacer la cuenta del dinero que tiene que pagar el municipio. Una última apelación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte deja abierta la puerta a que estas dos últimas actividades no se lleguen a considerar.

El presupuesto aprobado por el municipio para 2025 es de 83 millones, por lo que pagar a la empresa supone desembolsar aproximadamente el 10% del dinero del que dispone para este año. Sin embargo, esto no es algo que preocupe en el Gobierno municipal, que asegura tener fondos suficientes para pagar a la empresa sin que se comprometan sus cuentas. Tampoco las futuras, porque el Consistorio va a tener que seguir bonificando las tarifas hasta que concluya el contrato de adjudicación dentro de 28 años, según dicta el último auto. Desde la oposición no ven tan claro que perder esa cantidad de dinero no vaya a suponer un problema para el municipio. “La grave negligencia del Ayuntamiento de Boadilla [...] compromete la viabilidad del presupuesto municipal”, denunció Más Madrid a través de un comunicado.

“No hay una cantidad justa que se deba pagar al Republic Space”, señala el portavoz del PP del municipio. “La posible competencia pública en la que sustenta su reclamación económica solo demuestra que hay mercado suficiente para ellos y para la oferta deportiva municipal”, añade. Manuel Gil, el director del centro privado, dice que ha tenido que hacer malabares para mantener su empresa a flote desde que se abrió el primer centro municipal en 2012: “Nos hemos tenido que reducir a la mínima expresión”. Cuando el complejo abrió en 2008, tenía 100 empleados. Ahora son 50. Gil asegura que, una vez el ayuntamiento pague lo que debe, bajará sus tarifas para igualarlas a los centros públicos. Por ejemplo, el bono del gimnasio que ahora cuesta 69 euros pasará a costar 25. “El ayuntamiento está privando a miles de usuarios de disfrutar de ese precio”, denuncia.

El proceso judicial sigue abierto por una última apelación del ayuntamiento que trata de reducir un poco el varapalo económico. La sentencia, sin embargo, es firme y da la razón a la empresa. En cuanto esto último se resuelva, el Consistorio tendrá que pagar al centro los más de 8,5 millones atrasados y seguir subvencionando sus tarifas hasta que termine la concesión en 2053.