Un directivo de Vitalia niega haber dado "sobres con dinero" para Guerrero

Antonio Albarracín, ex director comercial de Vitalia, una de las empresas mediadoras en los ERE fraudulentos, ha negado haber entregado sobres con billetes a modo de comisión al chófer del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y ha pedido a la juez que le cite a declarar de inmediato.

El abogado de Albarracín, Francisco José Rubiales, ha dicho hoy a Efe que su cliente "niega categóricamente" lo declarado por el chófer Juan Francisco Trujillo ante la juez Mercedes Alaya, a quien dijo el pasado día 20 que en dos ocasiones de 2007 se trasladó a Madrid y recogió de Albarracín sobres de considerable grosor con "billetes grandes" destinados a su jefe.

El abogado asegura que, al contrario de lo afirmado por la juez en sus autos, Albarracín no era el director comercial de Vitalia sino un simple abogado que trabajaba como asesor jurídico y no tenía "poderes, firma ni ejercía cargo de representación alguno".

Por ello, en su escrito de personación en la causa ante el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha aportado las nóminas de Albarracín y ha pedido el sobreseimiento respecto a él, que "no tiene nada que ver en la trama y le han metido inicialmente junto a todo el mundo, aunque los imputados irán saliendo según se produzcan las declaraciones", sostiene el letrado.

Rubiales también ha anunciado a Efe que emprenderá acciones contra Trujillo, el chófer que también declaró a la juez Alaya que llegó a gastar 25.000 euros mensuales procedentes de las ayudas de la Junta en cocaína.

Respecto a Albarracín, Trujillo declaró haberse desplazado en dos ocasiones de 2007 de Sevilla a Madrid para recoger sobres destinados "a modo de comisión" -según la juez- a Guerrero.

Aunque fueran ciertas las acusaciones del chófer, el delito se cometió en 2007 y estaría prescrito.

Rubiales, además, ha restado importancia a la petición del PP, que ejerce la acusación particular, de que la juez Alaya ordene la inmediata detención de Albarracín y el precinto de sus oficinas en Madrid, pues se trata de una petición no secundada por la Fiscalía Anticorrupción y ni siquiera por la acusación que ejerce el sindicato Manos Limpias.

La juez Alaya, en el auto en que imputó a Albarracín, recogió que Vitalia "carecía de autorización para actuar como correduría de seguros", según certificó la Dirección General de Seguros, y por su mediación en los ERE cobró comisiones situadas en el 20,51%, por encima de la media del sector del 5,65%.

Ello significa que la Junta "pagó un sobrecoste del 14,86%, de forma que debiendo ser los gastos por comisiones de 152.897 euros, se pagó 555.201, es decir un exceso de 402.303 euros" en los ERE gestionados por Vitalia.

Albarracín declaró como imputado ante la Policía el pasado 10 de febrero, quien le imputó haber gestionado la inclusión de 60 de los 72 intrusos detectados por la Junta como prejubilados en empresas en las que nunca trabajaron.