El Ararteko exige que no se estigmatice a los perceptores de ayudas sociales

El Ararteko, Iñigo Lamarca, ha exigido hoy que no se estigmatice a los perceptores de las ayudas sociales, especialmente en un momento en el que es "evidente" que por la reforma legal ha aumentado el colectivo en riesgo de exclusión social. Lamarca ha entregado hoy a la presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga, el informe anual correspondiente a la actividad de la institución en 2011 y en el que se constata un aumento del 320% de las demandas relativas al sistema de protección social.

En el informe se hace especial referencia a la reforma de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social que ha supuesto un "endurecimiento" de los requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), como el periodo necesario de empadronamiento y residencia efectiva en algún municipio de la comunidad autónoma.

El Ararteko sostiene que esta nueva exigencia supone una "dificultad añadida en el acceso" a las ayudas de personas llegadas desde fuera del País Vasco, en un momento "muy difícil para lograr un empleo remunerado".

También advierte de que los recortes del gasto social de las administrciones públicas afectan "muy gravemente a las personas en riesgo o en situación de exclusión social y dan a entender que el gasto público y, en concreto, el gasto en políticas sociales, es el causante de la actual situación económica deficitaria".

Lamarca constata un aumento del 320% de las demandas relativas al sistema de protección social

En realidad, añade el informe anual, el déficit es una de las consecuecias de la "actuación de determinadas entidades financieras y de movimientos especulativos que no han sido adecuadamente supervisados y controlados".

Considera "prioritario" que se hagan evaluaciones sobre los "beneficios" que las políticas sociales suponen para la comunidad y se difundan los resultados, porque más que un gasto en lo social se debe hablar, según el Ararteko, de inversión "en el desarrollo y promoción de las personas,que son un potencial de creatividad, fundamental para el progreso y la cohesión de la sociedad". Recuerda además que el aumento de la demanda de prestaciones económicas por personas y familias sin ingresos, y consecuentemente de las quejas formuladas ante el Ararteko, está directamente relacionada con la falta de empleo.

"Es primordial el trabajo de las administraciones públicas dirigido a solventar este gran problema, estableciendo medidas que favorezcan el impulso de actividades económicas que generen empleo", recalca el informe.

Lamarca ha reconocido que ha sido diferente la aplicación de la ley de ayudas sociales por parte de cada una de las tres diputaciones y, en este sentido, ha informado de que en Alava se han presentado muchas quejas por suspensión de prestaciones.En su informe anual, el Ararteko repasa otras cuestiones relacionadas con la defensa de los derechos a lo largo de 2011, como que en ese año no se han producido víctimas a manos de ETA.

El Gobierno vasco fue la institución a la que se presentaron más reclamaciones, el 37% del total

Además, recuerda el informe, la declaración del cese definitivo de la actividad violenta declarado por la organización terrorista ha supuesto que "las personas sometidas a violencia de persecución puedan vivir en libertad, sin temer por su propia vida o integridad física".

Lamarca, ha vuelto a reclamar la modificación de la política penitenciaria en materias como el traslado de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco o excarcelación de reclusos con enfermedades graves.

En el informe del Defensor del Pueblo de Euskadi se incluye un análisis de la política penitenciaria que se aplica a los presos de ETA y, en una línea similar a pronunciamientos anteriores del propio Lamarca, se pide una modificación de la misma tras el "cese definitivo" del terrorismo anunciado por la banda. En este caso, se pide una aplicación del régimen penitenciario a los reclusos de ETA "desde criterios de reinserción" y en los términos generales "que se aplican al resto de presos".

En su opinión, "una vez que ETA ha abandonado explícitamente su actividad criminal, debería modificarse la política penitenciaria en materias como el traslado a cárceles del País Vasco o próximas". También se solicita la concesión de libertades condicionales, cambios en los cómputos de beneficios penitenciarios o excarcelaciones de quienes padecen enfermedades graves e incurables.

A lo largo de 2011 las oficinas del Ararteko recibieron 2.347 reclamacones. En más del 83% de las que se estimaron que había alguna actuación incorrecta (el 35% del total), la administración afectada enmendó la actuación que originó la queja.

A diferencia del año anterior, el Gobierno vasco fue la institución a la que se presentaron más reclamaciones, el 37% del total, mientras que descendieron las formuladas contra actuaciones de los ayuntamentos, el 34%.