Condena a dos funcionarios de Santiago por falsear un concurso

Tres años de prisión y tres y medio de inhabilitación para el arquitecto municipal y el jefe de obras del Ayuntamiento de Santiago por falsear un concurso público con el fin de favorecer a la empresa Montebalsa. Las penas son por falsedad documental y prevaricación administrativa. El arquitecto técnico municipal, Isidro Mendoza, y el arquitecto jefe de servicio de Obras y Proyectos, Tomás Rivas, modificaron el expediente de la empresa mejor puntuada en el concurso para rehabilitación del polideportivo Cardenal Quiroga Palacios, Construcciones en Piedra Sigrás, para que quedase por debajo de Montebalsa y esta última se llevase las obras, según los hechos probados para los magistrados de la Audiencia Provincial de A Coruña, que hizo ayer pública la sentencia.

El fallo afirma que los condenados “sustituyeron intencionadamente parte de la documentación que presentó en su oferta una de las empresas licitadoras por otra que ellos crearon”. Los hechos ocurrieron en 2009 durante la adjudicación de una obra a cargo del Plan E, en la que pesaba sobre todo la mano de obra a la hora de valorar las ofertas. Los funcionarios, encargados de emitir los informes, adjudicaron a Montebalsa la puntuación más alta, a pesar de que la suma de cada apartado daba como ganadora a Pedra Sigrás. A pesar de que un vocal del PP de la mesa de contratación detectó el error y los miembros de la mesa encargaron a los condenados enmendar el error, Mendoza y Rivas “decidieron sustituir” un anexo de la oferta de Piedra Sigrás “por un nuevo documento confeccionado ad hoc”.

Nadie revisó los datos

Entonces, los condenados citaron al propietario de la empresa para que firmase el documento modificado. En la última reunión de la mesa antes de la adjudicación, nadie verificó que los datos estaban corregidos y la junta de Gobierno del Ayuntamiento adjudicó las obras a Montebalsa. Fue al hacerse público el resultado cuando un vocal alertó de la situación. El entonces alcalde socialista, Xosé Sánchez Bugallo, abrió una investigación interna y puso el asunto en manos de la Fiscalía, que presentó la denuncia. Posteriormente, se amplió con otra del PP que pretendía que se investigaran todas las obras adjudicadas a Montebalsa y pidió que el concejal del área, entonces Bernardino Rama, asumiera las responsabilidades políticas.